Distribución del FAIS causó tensión durante asamblea en Tamarindo, comunidad tének

Las autoridades agrarias y civiles, junto con hombres y mujeres de la comunidad, se reunieron en el lugar para ejercer su derecho a la autogestión

Patricia Calvillo

Juan Felipe Cisneros Sánchez del Observatorio Indígena Mesoamericano, reportó que en la comunidad indígena tének del Tamarindo se llevó a cabo la asamblea general comunitaria para la designación de los comités de administración y vigilancia del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), evento que se vio marcado por tensiones entre los representantes comunitarios y las instituciones federales, en particular el programa Bienestar y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Las autoridades agrarias y civiles, junto con hombres y mujeres de la comunidad, se reunieron en el lugar para ejercer su derecho a la autogestión. Desde el inicio, la autoridad comunitaria dejó claro que la conducción de la asamblea y el levantamiento del registro de asistencia estarían a cargo de los secretarios del comisariado. Sin embargo, una servidora de la nación, sin presentarse oficialmente ni solicitar autorización, comenzó a levantar una lista alterna, lo que generó molestia entre las mujeres presentes, quienes cuestionaron su proceder y exigieron explicaciones.

La intervención del comisariado fue clara, se solicitó a la servidora de Bienestar cesar la acción y esperar al final. La negativa de la asamblea a permitir su participación activa fue contundente. Aunque visiblemente inconformes, ni la servidora ni sus superiores se atrevieron a contradecir abiertamente la decisión de la asamblea, aunque su descontento se hizo evidente durante el resto del evento.

Con ese ambiente, quedó conformado por las autoridades comunitarias según su costumbre, relegando a los representantes institucionales a una mesa lateral, sólo como testigos. Se verificó el quórum y la asamblea fue oficialmente instaurada.

Durante la intervención del INPI, Antonio Barrios informó sobre el presupuesto asignado a la comunidad, lo que desató una oleada de inconformidad. La cifra presentada era 42 mil pesos menor a la publicada previamente en el Diario Oficial de la Federación. Los reclamos del comisariado y el delegado fueron contundentes “no es nuestra culpa que las instituciones no hayan hecho bien su trabajo desde un inicio. Esto no puede justificarse”.

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La explicación del INPI sobre una “redistribución” por el ingreso tardío de otras comunidades al catálogo fue rechazada por la asamblea. Se acusó a las instituciones de perpetuar el abandono y la discriminación contra las comunidades indígenas. “Pudieron haber recortado al gobierno del estado o a los municipios, que acaparan la mayoría del presupuesto. Pero no, otra vez nos quitan a nosotros”.

Un miembro de la asamblea recordó en voz alta los principios de la administración actual, “no mentir, no robar, no traicionar”.

Posteriormente, los representantes federales intentaron retomar el control proponiendo iniciar el autodiagnóstico comunitario. La asamblea lo rechazó de inmediato. La comunidad denunció que nunca se atendieron sus peticiones previas, como la de realizar una reunión municipal preparatoria, y que incluso se habían incluido nombres de personas inexistentes en las convocatorias oficiales.

Pese a los intentos institucionales, la comunidad procedió a ratificar a sus comités de forma autónoma, garantizando la paridad de género. El delegado tomó protesta a los nuevos representantes comunitarios. En ese momento se realizó el llamado “autodiagnóstico”, el cual también fue cuestionado por la asamblea “no es un ejercicio participativo, es una encuesta superficial que sólo sirve para justificar formalidades”.