Identifican extracción ilegal de agua en pozos de la Zona Industrial

En la Zona Metropolitana el tráfico ilegal de agua se concentra principalmente en municipios como Soledad, Mexquitic y la capital potosina

Alejandra Ruiz

La zona Metropolitana de San Luis Potosí enfrenta no solo por la escasez del recurso, sino por el tráfico ilegal de agua que se extiende en múltiples zonas del estado. El documento “Agenda Hídrica de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí” identifica las áreas más afectadas por esta práctica, así como las instituciones que han fallado en su regulación.

En la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, el tráfico ilegal de agua se concentra principalmente en municipios específicos donde las prácticas ilícitas relacionadas con el recurso hídrico son alarmantemente frecuentes. Soledad de Graciano Sánchez, por ejemplo, ha sido identificado como un punto crítico en el robo de agua, especialmente en zonas periféricas donde proliferan conexiones clandestinas a las redes de distribución. Aquí, el suministro es desviado para la venta informal a través de pipas, muchas veces sin control sanitario ni fiscalización. Muy cerca, Mexquitic de Carmona también presenta una dinámica similar: se reporta extracción de pozos no regulados y uso ilegal de tomas domiciliarias, afectando la presión y disponibilidad en comunidades marginadas.

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En la zona industrial de San Luis Potosí, el problema se intensifica con la operación de pozos profundos sin registro oficial. Empresas con alto consumo de agua aprovechan lagunas en el sistema de concesiones para extraer el recurso de manera irregular, lo que representa una forma grave de saqueo hídrico. Asimismo, en Villa de Reyes, Zaragoza y Villa de Arriaga, municipios con vocación agrícola, se documenta el uso indebido de agua concesionada: norias y pozos comunitarios son sobreexplotados sin supervisión, desviando el líquido hacia actividades distintas a las autorizadas, incluyendo su comercialización no declarada.

Incluso en el centro urbano de San Luis Potosí capital, se identifican prácticas como la manipulación de medidores y la instalación de tomas ilegales en negocios o viviendas, lo cual constituye un robo directo al sistema operador. En todos estos municipios, la falta de sanciones y la corrupción institucional permiten que estos delitos se mantengan impunes, por ello en el estudio se hizo un llamado a la CONAGUA y al Interapas para evitar esta red de tráfico de agua , que se agrava ante la desigualdad en el acceso al recurso y profundiza la crisis hídrica regional.