Busca Sandra Aguilar garantizar atención de salud mental estatal
Tlaxcala no cuenta con alguna institución catalogada como hospital psiquiátrico
Jesús Lima
Con diversas reformas a la Ley de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sandra Aguilar Vega, busca garantizar el bienestar de las y los tlaxcaltecas, así como la atención de la salud mental.
Para armonizar el contenido de esta ley a la evolución social, la legisladora puntualizó que todas las personas, sin importar quiénes sean ni dónde estén, tienen derecho a gozar del grado más alto posible de salud mental, lo que incluye el derecho a ser protegido de los riesgos para la salud mental, el derecho a una atención disponible, accesible, digna y de calidad; y el derecho a la libertad, la independencia y la integración en su entorno social.
De acuerdo con la iniciativa presentada por la diputada, en Tlaxcala, con cifras de 2022, no se cuenta con alguna institución catalogada como hospital psiquiátrico y sólo se tiene un Centro Integral de Salud Mental y cuatro Centros de Atención Primaria en Adicciones.
Según el documento leído por Aguilar Vega, manifestó la necesidad de agregar conceptos que otorguen mayor claridad al contenido de la Ley, integrar a profesionales en salud mental en las escuelas públicas de educación básica y media superior para dar atención a estudiantes, vincular con mayor participación a dependencias estatales de educación y deporte, así como a los ayuntamientos.
Enfatizó que la prevención, a través de la orientación y capacitación a la población tlaxcalteca, es sin duda uno de los pilares sobre el que debe descansar esta ley, por lo que las propuestas se enfocan en la participación de la Secretaría de Educación Pública del Estado y los ayuntamientos, que son los espacios más cercanos de la población infantil y adolescente, así como el primer contacto de adultos y adultos mayores.
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Finalmente, puntualizó que es necesario fomentar convenios con la Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior e instituciones educativas que contemplen programas de psicología o especialidades en salud mental y comportamiento adictivo para que, a través del servicio social, prácticas profesionales o estadías se puedan otorgar servicios preventivos y de orientación.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Salud y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su análisis y dictaminación correspondiente.
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