Vinculan a proceso a ex secretario del Congreso por presunto fraude en compra de software
El caso se suma a los de otras dos exservidoras públicas, señaladas por los mismos hechos ocurridos en 2021
Redacción / El Sol De Zamora
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó este lunes que Mario Alberto “N”, ex secretario de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán, fue vinculado a proceso por su posible responsabilidad en delitos de fraude y uso ilícito de atribuciones y facultades, tras la compra a presunto sobreprecio de un programa informático durante su gestión en la 75 Legislatura.
De acuerdo con el boletín emitido por la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC), los hechos habrían ocurrido en diciembre de 2021 y derivaron en un presunto daño al erario del Poder Legislativo.
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Con esta resolución, suman tres los ex funcionarios del Congreso estatal que enfrentan proceso por el mismo caso. Mario Alberto “N” se encuentra ahora en la misma condición jurídica que María Isabel “N”, ex apoderada jurídica, y Beatriz Ariadna “N”, ex directora de Administración y Finanzas, quienes ya habían sido señaladas como participantes en la transacción.
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A 8 años de la agresión en Arantepacua continúa la búsqueda porque la FGR atraiga el casoLas indagatorias señalan que la operación involucró la compra de un software por 5 millones 590 mil pesos, aunque su valor de mercado rondaba los 134 mil pesos, lo que implica un pago de más de 4,000% por encima del costo estimado.
Según la FGE, la adquisición fue gestionada por María Isabel “N” y aprobada por Beatriz Ariadna “N”, presuntamente por instrucciones de Mario Alberto “N”. A todos ellos se les impuso un plazo de dos meses para la investigación complementaria, y en el caso del ex secretario, también se establecieron medidas cautelares no especificadas.
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Cabe recordar que en su momento, Fidel Calderón Torreblanca, entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, negó cualquier compra, incluso “ni siquiera un clip”, y rechazó haber tenido conocimiento de algún sobreprecio.
El proceso penal avanza a tres años de la denuncia original, en medio del seguimiento de las autoridades para esclarecer lo ocurrido con el manejo de recursos públicos al interior del Congreso michoacano.