Advierten empresarios sobre terrorismo fiscal

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El sector empresarial mostró preocupación por el contenido del paquete económico 2020 que entregó el gobierno federal a la Cámara de Diputados, ya que no hay fomento de inversión pública y privada, incluso, el hecho de incrementar la recaudación a 86 mil millones de pesos, habrá una carga fiscal sobre los contribuyentes cautivos y eso podría haber señales de caer en terrorismo fiscal.

El presidente de Coparmex Juárez, Eduardo Ramos Morán, indicó que no hay certidumbre jurídica en el paquete económico federal, además que la austeridad está mal comprendida en el sentido de qué es inversión y qué es gasto.

“Hay un reto muy fuerte de incrementar 86 mil millones de pesos en ingreso y cuando no hay fomento al crecimiento, no se fomenta la inversión en infraestructura pública, tampoco se está fomentando la inversión en infraestructura privada el hecho de estar exigiendo un incremento en la recaudación de 86 mil millones de pesos, esto hace que se convierta en una carga fiscal sobre los contribuyentes cautivos y hay señales que pueden caer en terrorismo fiscal”, advirtió.

Agregó que en el caso de la frontera donde muchas empresas están dentro del decreto de estímulos fiscales en la región fronteriza norte, están en riesgo de ser tentados para cancelar su adhesión a este decreto, porque muchas de ellas están importando al 16% de IVA o compran a proveedores nacionales también con el 16% de IVA, sin embargo, venden al 8% y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el SAT no les están haciendo esta devolución en tiempo y forma.

“El que no te devuelvan el impuesto en tiempo y forma, significa un incremento en el costo real del dinero, es decir, si estás haciendo importaciones pagas el 16% de IVA, vendes al 8, este diferencial no te lo están regresando”, dijo.

Ramos Morán señaló que puede tener tres tipos de afectaciones: la primera es que el costo financiero de tener una línea de crédito para poder tener liquidez es alto y lo paga la empresa; el factor dos, es que el precio se tenga que ver incrementado y lo paga el consumidor final y, el tercero, que esta empresa renuncie a esa adhesión al decreto fiscal y el consumidor vea un incremento no porque se eleva el precio, sino porque deja de recibir el estímulo del 8% fiscal del IVA.