/ sábado 22 de agosto de 2020

Buscan maquiladoras amparo contra el SAT

Las empresas certificadas en materia de IVA e IEPS deberán pagar ahora una cuota de casi 30 mil pesos

Empresas maquiladoras buscan ampararse en contra del cobro que el Gobierno federal pretende hacer a aquellas que están certificadas en materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Luego de que hace unas semanas se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, en la que las empresas certificadas se libran de pagar el IVA y el IEPS a las importaciones, pero deberán pagar los derechos de certificación cada vez que la renueven, Pedro Chavira, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) Juárez, comentó que son cerca de 200 mil pesos los que las empresas tendrán que pagar para seguir con los beneficios de dichos gravámenes.

“Es bastante dinero, no estamos de acuerdo con el pago. Es probable que lo paguemos, pero analizamos la posibilidad de llegar hasta los amparos”, mencionó.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) les informó la semana pasada a las empresas que las que se encuentran certificadas en materia de IVA e IEPS deberán pagar ahora una cuota de casi 30 mil pesos para seguir gozando de beneficios en dichos gravámenes.

También se incluye un retroactivo similar por cada año que duraron certificadas desde 2015, por lo que suman casi 200 mil pesos los que deberán pagar las empresas para seguir certificadas.

“Las empresas que obtengan la inscripción al Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, deben realizar el pago de derechos conforme a la cuota vigente en el año en que se autorice su inscripción o su renovación, así como cada año en que la misma tenga vigencia, tomando como referencia para efectuar dicho pago, el día y mes de la fecha en que se otorgó la autorización o renovación de que se trate”, señala el SAT en su aviso.

De acuerdo con Luis Aguirre, Presidente nacional de Index, las tres mil 600 empresas IMMEX registradas en la actualidad resultarán afectadas por esta medida, ante lo cual ya se busca una mesa de diálogo con el Gobierno federal.

En entrevista con El Sol de México, afirmó que ni siquiera la Secretaría de Economía, que por más de 50 años ha administrado el programa IMMEX, fue consultada por el Gobierno Federal para imponer las nuevas reglas.

“Entendemos que el Gobierno federal trae una necesidad importante de recursos públicos, pero lo que nos parece muy sorprendente es que lo haga retroactivo de 2015 a la fecha. Ya enviamos cartas a las secretaría de Economía y Hacienda así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores y estamos en el punto de iniciar una mesa de diálogo, ya tuvimos un primer acercamiento”, señaló.

Destacó que lo que más preocupa es el mensaje que con esta decisión se está dando a la inversión nacional e internacional. “Más que el costo del trámite, lo que nos preocupa es el mensaje que estamos mandando con este tipo de decisiones a la inversión nacional y extranjera.

Este tipo de cambios de reglas solo provocan incertidumbre jurídica por no ser consensuadas, no son buenos mensajes y menos en estos momento que estamos viviendo en los que hay una recesión económica muy grave”, dijo.

Dijo que en un momento donde las empresas tienen restricciones para operar por la pandemia, realizar dicho pago representa serias dificultades financieras.

“El cobro sí impacta cuando traemos poco flujo de capital, pero lo que más nos preocupa es la actitud recaudadora del Gobierno federal y por su puesto el mensaje que se envía para la inversión nacional”.

Empresas maquiladoras buscan ampararse en contra del cobro que el Gobierno federal pretende hacer a aquellas que están certificadas en materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Luego de que hace unas semanas se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, en la que las empresas certificadas se libran de pagar el IVA y el IEPS a las importaciones, pero deberán pagar los derechos de certificación cada vez que la renueven, Pedro Chavira, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) Juárez, comentó que son cerca de 200 mil pesos los que las empresas tendrán que pagar para seguir con los beneficios de dichos gravámenes.

“Es bastante dinero, no estamos de acuerdo con el pago. Es probable que lo paguemos, pero analizamos la posibilidad de llegar hasta los amparos”, mencionó.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) les informó la semana pasada a las empresas que las que se encuentran certificadas en materia de IVA e IEPS deberán pagar ahora una cuota de casi 30 mil pesos para seguir gozando de beneficios en dichos gravámenes.

También se incluye un retroactivo similar por cada año que duraron certificadas desde 2015, por lo que suman casi 200 mil pesos los que deberán pagar las empresas para seguir certificadas.

“Las empresas que obtengan la inscripción al Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, deben realizar el pago de derechos conforme a la cuota vigente en el año en que se autorice su inscripción o su renovación, así como cada año en que la misma tenga vigencia, tomando como referencia para efectuar dicho pago, el día y mes de la fecha en que se otorgó la autorización o renovación de que se trate”, señala el SAT en su aviso.

De acuerdo con Luis Aguirre, Presidente nacional de Index, las tres mil 600 empresas IMMEX registradas en la actualidad resultarán afectadas por esta medida, ante lo cual ya se busca una mesa de diálogo con el Gobierno federal.

En entrevista con El Sol de México, afirmó que ni siquiera la Secretaría de Economía, que por más de 50 años ha administrado el programa IMMEX, fue consultada por el Gobierno Federal para imponer las nuevas reglas.

“Entendemos que el Gobierno federal trae una necesidad importante de recursos públicos, pero lo que nos parece muy sorprendente es que lo haga retroactivo de 2015 a la fecha. Ya enviamos cartas a las secretaría de Economía y Hacienda así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores y estamos en el punto de iniciar una mesa de diálogo, ya tuvimos un primer acercamiento”, señaló.

Destacó que lo que más preocupa es el mensaje que con esta decisión se está dando a la inversión nacional e internacional. “Más que el costo del trámite, lo que nos preocupa es el mensaje que estamos mandando con este tipo de decisiones a la inversión nacional y extranjera.

Este tipo de cambios de reglas solo provocan incertidumbre jurídica por no ser consensuadas, no son buenos mensajes y menos en estos momento que estamos viviendo en los que hay una recesión económica muy grave”, dijo.

Dijo que en un momento donde las empresas tienen restricciones para operar por la pandemia, realizar dicho pago representa serias dificultades financieras.

“El cobro sí impacta cuando traemos poco flujo de capital, pero lo que más nos preocupa es la actitud recaudadora del Gobierno federal y por su puesto el mensaje que se envía para la inversión nacional”.

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