Decisión del gobierno mexicano de no permitir que nuevas plantas de energía renovable se conecten a la red general de electricidad es violatorio de las disposiciones que establecen las leyes energéticas, así como de los compromisos ratificados en el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que traerá como consecuencia la generación de desconfianza e incertidumbre en las empresas que invierten en parques generadores de energía limpia.
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Lo anterior fue señalado por los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, con la participación de organismos locales y de otras partes de la entidad, a través de un comunicado, dijo el presidente de la Confederación Patronal de a República Mexicana (Coparmex) en Ciudad Juárez, Eduardo Ramos Morán, quien también aparece como firmante del documento.
En el documento, que es signado por los dirigentes de 28 organismos empresariales, de profesionistas y ganaderos, se indica “en un hecho totalmente irregular y autoritario, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación del pasado 15 de mayo, un Acuerdo mediante el cual se cancela la opción para el aprovechamiento de energías alternativas, violando así el derecho que tenemos los mexicanos para adquirir energía eléctrica de bajo costo, suficiente y limpia.
Añade que la publicación se hizo en contravención a las disposiciones legales que establecen las normas para que la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer) pueda modificar las reglas para
generar energía renovable.
Indica que hay empresas que tienen avances importantes en infraestructura e inversión, específicamente 26 plantas solares fotovoltaicas y eólicas que están por iniciar operaciones con 3 mil 31 megawatts, y que tienen invertidos 3 mil 604 millones de dólares.
Destaca también que con la publicación del Decreto México no podrá cumplir con el Tratado de París para lograr la meta de generación de energía limpia en un 35 por ciento y tampoco podrá cumplir con la disminución de emisiones contaminantes, lo cual seguramente traerá consecuencias
económicas, legales y políticas, y también un desgaste para las empresas afectadas cuando tengan que acudir a defender sus derechos a través de largos y costosos litigios.
Esto, además, “abre la puerta a disputas a través de arbitrajes internacionales donde los interesados pueden acudir a exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano, lo cual hace posible que se finquen sanciones al gobierno, por lo cual los ciudadanos no estamos dispuestos a pagar”, indica.
También los empresarios advierten que previo a la crisis del Covid-19, la demanda de energía ya estaba rebasada en algunas zonas y horarios del país, limitando el crecimiento de la industria, con crecientes fallas en el servicio de suministro de electricidad a casas-habitación.
Enfatizan que en plena pandemia sanitaria y crisis económica, la reactivación traerá serias complicaciones, “por lo que no podemos equivocarnos tomando decisiones sin fundamento que causen un deterioro en el rubro de competitividad energética, pues ello desalienta aún más la confianza para invertir en México, poniendo así en riesgo miles de empleos especializados que generan las energías verdes.
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