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En México existen seis mil empresas de subcontratación que utilizan la tercerización de personal de forma ilegal, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
De acuerdo con Juan Carlos Romero, procurador Fiscal de la Federación, estas seis mil empresas evaden el pago de 21 mil millones de pesos en impuestos cada año.
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Los datos de la STPS, dice, señala que del total, mil 200 empresas que realizan outsourcing engañoso, porque simulan la subcontratación de su personal.
Estas empresas engloban a más de 862 mil mexicanos que no reciben sus prestaciones completas. “Esto trastoca los derechos fundamentales de los trabajadores y simultáneamente ocasiona graves perjuicios al fisco”, subrayó.
Durante el segundo día del Parlamento Abierto para discutir la Reforma a la tercerización, añadió que la evasión implica una distorsión del sistema tributario; por ello, se busca terminar con prácticas que abonan a incrementar los casos de defraudación, que es el caso de la subcontratación de personal, y la simulación de prestaciones de servicios especializados.
Explicó que la actual esta propuesta legislativa, enviada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al Legislativo el 12 de noviembre, no combate la auténtica y verdadera profesionalización de servicios especializados, ni el sano desarrollo del mercado; enfrenta a quienes ilegalmente ponen en desventaja a los verdaderos oferentes de servicios especializados.
En el mismo encuentro, representantes de las comisiones Fiscal y de Enlace Legislativo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), manifestaron que entre sus preocupaciones están los temas de vigencia y registro, lo que causaría inseguridad jurídica. Pidieron que la reforma entre en vigor hasta el 2022 y no tenga el calificativo de delito.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana lamentó que no se haya presentado con anticipación la iniciativa, y consideró que no logrará su propósito de combatir las malas prácticas; por el contrario, provocará merma en las arcas públicas y en los derechos laborales.
PREVÉN RETRASO
Diputados del PRI y del PRD señalaron que es “altamente improbable” que la iniciativa se discuta en tribuna este jueves, debido al diálogo que sostiene la cúpula empresarial en Palacio Nacional y a las conclusiones del Parlamento Abierto.
La presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, calificó de positivo que el Gobierno se reúna con empresarios. “Estaré pendiente cuando las comisiones dictaminadoras digan que ya están listas. Ellas están trabajando en todo lo relacionado con el Parlamento Abierto".
"Y considero positivo, que se abra ese espacio de interlocución, y se programará al momento en que estén listas las comisiones", dijo la diputada.
El coordinador priista René Juárez Cisneros destacó que están las propuestas del Parlamento Abierto y el acercamiento entre el Gobierno federal y los empresarios, aunque señaló "no sabemos el alcance de este acuerdo".
El legislador se dijo partidario de la regulación, “pero queremos una regulación equilibrada, no estar en ninguno de los extremos, sino una regulación que le sirva al país, que le sirva a la economía, que defienda los intereses de las y los trabajadores, que se garanticen sus derechos, pero que no paralice".
“No hay certeza de que se discuta el jueves. En principio hay un acuerdo para que se discutiera en el Pleno; sin embargo, vamos a esperar y hacer un esfuerzo porque se puede enriquecer la minuta".
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