A fin de privilegiar el derecho humano y las garantías individuales en la movilidad de las y los chihuahuenses en materia de seguridad vial, América García Soto, diputada de Movimiento Ciudadano propone la creación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Chihuahua, en donde se reconoce el libre tránsito, la accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad como condiciones que se deben cumplir para garantizar un derecho de movilidad efectivo e integral.
Es importante señalar que la presente iniciativa con carácter de Ley, tiene como finalidad emitir y regular los lineamientos con respecto al tema de movilidad, seguridad vial y tránsito para el Estado de Chihuahua.
“Contar con una Ley de Movilidad Estatal y Seguridad Vial resulta crucial para todos aquellos ciudadanos que diariamente tienen que transitar por las calles y avenidas de nuestro Estado. Además de que es pertinente adecuar la realidad que se vive directamente en el Estado. Debemos tomar en cuenta que cada entidad tiene diversas especificaciones dependiendo de su geografía, el número de habitantes y su flujo vial, entre muchas otras”, destacó la legisladora de la Bancada Naranja.
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Dijo que con la nueva ley refuerza y regula lo que la actual ley de Tránsito y Movilidad no abarca, fallas que ocasionan que los derechos de las y los chihuahuenses se vean vulnerados, en la accesibilidad y razón de género por mencionar solo algunos.
Recordó que en el 2020, uno de los objetivos en materia de tránsito y seguridad vial fue el de reducir a la mitad el número de muertes y lesiones por siniestros de tráfico, cuyo objetivo fue logrado pero esto no hubiera sido posible sin la pandemia, pues provocó un aislamiento forzoso a nivel global.
La joven congresista señaló que al no contar con una ley de movilidad adecuada en el Estado, se tiene un factor de retroceso y complicaciones para la agenda del 2030 que tiene planeada el desarrollo sostenible y los objetivos en materia de seguridad y movilidad vial.
“Uno de esos objetivos, observó, es proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles para todos y tener una mejora en la seguridad vial, particularmente mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad adulta”.
La Ley estipula diversas propuestas contempladas en un amplio articulado con sus respectivos artículos transitorios, que entre otros objetivos, tiene como finalidad la distribución de competencias entre el Estado y los municipios, de manera que se pueda garantizar a toda la población el derecho a la seguridad vial.
Además, la presente Ley otorga las facultades para vigilar e infraccionar al transporte público en todas sus modalidades. Así como fomentar una cultura de respeto al derecho de la seguridad vial.
En este sentido, puntualizó que la incidencia mundial sobre la tasa de mortalidad y personas heridas por colisiones en accidentes de tránsito, ha ido en aumento año con año, a lo que se añade una alta estadística de personas con secuelas de algún tipo de discapacidad permanentes y/u otras afectaciones.
"Como consecuencia directa de la deficiencia en materia de seguridad vial y movilidad como tal, ocasiona una diversidad de problemas, no sólo en materia vial como lo planteo, sino también en el sector de salud, social y económico. De no enfrentarlos y encontrar una solución, podrían obstaculizar y deteriorar los progresos y el desarrollo sostenible que se ha venido logrando”, concluyó la diputada por Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Ilse América García Soto.
