Red Compartida / Más policías, cámaras y patrullas en el Barrio Bravo de Tepito
La instrucción desde lo más alto del Gobierno de la CDMX es parar, a como dé lugar, el desastre que es el barrio bravo de Tepito para devolverle al Centro Histórico la calma y la seguridad que se necesita, hasta donde se sabe las dependencias involucradas son la SSC, de Pablo Vázquez; la Secretaría de Gobierno, César Cravioto; la consejería jurídica a cargo de Eréndira Cruz Villegas; y hasta donde sabemos también el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Alejandro Encinas. Los primeros pasos son incrementar la vigilancia y los patrullajes en la zona, tanto con más policías como con cámaras de videovigilancia; extinciones de dominio y revisión de los temas de vivienda y territorio. Los planes del gobierno están aún muy recientes según nos cuentan, pero los ejes son básicamente los mismos que se tienen como receta médica: más seguridad permite más inversión, empleo y mejoras en la zona. En teoría con el plan de rescate a Tepito, en una segunda instancia se meterían temas como atención a menores, adultos mayores, escuelas y deporte aunque antes es necesario recuperar todos esos lugares que hoy están en manos de la delincuencia organizada, según los reportes que tiene el gobierno. Van a ir por los espacios públicos y se va a invertir más con otras dependencias que tienen que ver con movilidad, salud y educación básica así como artes y oficios.
El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, considera suficientes los argumentos que hay para no ir a votar el próximo 1 de junio a los cargos para el Poder Judicial Federal. La elección del 1 de junio de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, nos pone ante el mundo como los hazmerreír, ante la farsa del gobierno de Morena que busca tener el control de estos cargos, que deben ser por servicio de carrera, como sucede en todo el mundo, con estas palabras el ex gobernador de Coahuila advirtió que no se va a prestar a ese juego y por ello no acudirá a votar. El efecto se corrió para muchos diputados del PRI que tampoco irán a las urnas a votar, porque también lo consideran como un fraude orquestado por el gobierno morenista, que busca el control también del poder judicial.
Por cierto, lo que nos dicen es que en la casa de los panistas, en Avenida Coyoacán, parece que tampoco acudirán a las urnas y así lo ha dejado ver el líder del Jorge Romero Herrera, quien no duda que la votación la realicen puros acarreados de Morena, pues de lo contrario podrían dejar de recibir sus pensiones y serán quienes acudan a las urnas por obligación de su partido Morena. Para PAN y PRI esta elección es simplemente una farsa y un fraude para buscar el control del Poder Judicial.
Le contamos que los permisionarios de taxis que operan en el AICM dicen que fueron amenazados por una empresa llamada Casadey, que realiza sus actividades en las inmediaciones de la terminal aérea, y por eso ya fueron interpuestas las primeras denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Los taxistas dicen que hasta hace unas semanas ese consorcio obtuvo 100 permisos o concesiones por parte de la Oficina de Transportación Terrestre del AICM, cuyo titular hasta hace unos días era el capitán de Fragata, Raúl Enrique Aguilar López, quien fue cesado del cargo. Los taxistas buscaron al nuevo director del AICM, almirante Juan José Padilla Olmos, solicitaron una reunión con el funcionario para exponerle la problemática y decirle que el ahora ex titular tiene taxis registrados para que operen libremente. Esta denuncia fue el detonante para que fuera removido del cargo.
Antes de que se dé a conocer de manera oficial el fallo de la licitación LA-06-KCZ-006KCZ002-N-8-2025 de Financiera para el Bienestar, que lleva Rocío Mejía, ya hay sospechas de favoritismo. Las condiciones técnicas del proceso son tan quirúrgicas, que varios proveedores consideran que sólo un consorcio podría cumplirlas sin despeinarse: el formado por Concepto Libre Mexicano, VCP Tecnología y ND Negocios Digitales. Y es que, según los afectados, los requerimientos incluyen equipos que parecen salidos del catálogo de la marca DELL. El contrato de Finabien, cuyo monto asciende de 86.7 millones de pesos, demanda instalación inicial, soporte técnico en sitio, atención a través de una Mesa de Servicios y el retiro final. El reloj del contrato empezó a contar desde el 1 de marzo, es decir, dos meses antes de conocer al ganador. Las quejas ya tocan la puerta de la Secretaría Anticorrupción, de Raquel Buenrostro, y de la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares.
