Basta de casetazos y tarifazos en Edomex, advierte Congreso del Estado de México
Proponen diputados regular concesiones y subsidios; piden comparecencia de titular de Movilidad por supuesta corrupción
Rubén Pérez
A los problemas de movilidad en el Estado de México, los cuales lejos de disminuir aumentan cada vez más por diversos factores, entre ellos, la corrupción de funcionarios del sector, se suman los casetazos que recientemente entraron en vigor y los riesgos de autorizar un nuevo tarifazo en el transporte público concesionado, lo que genera una movilidad caótica en la entidad.
De acuerdo con diputados locales, la población de la entidad, principalmente los residentes de la zona conurbada del Valle de México, que a diario se trasladan a la capital del país, enfrentan los conflictos no resueltos en materia de movilidad, a pesar de que el actual gobierno que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez se comprometió a revertir el caos en el transporte público.
A más de un año de haber asumido el poder, los legisladores advierten que tanto la titular del Ejecutivo estatal como su equipo de trabajo, específicamente el secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González, no han dado resultados concretos, y que por el contrario, existen señalamientos de corrupción contra el propio responsable de esa dependencia.
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El riesgo de que se autorice un nuevo incremento a las tarifas del transporte público concesionado en el Estado de México ha estado latente, pues ya los permisionarios manifestaron en la primera semana de enero de este año la necesidad de ajustar el pasaje, después de cinco años de no registrar aumento.
Aunado a este pendiente, aparecen los casetazos que se autorizaron de manera sigilosa hace unas semanas, donde usuarios de las diferentes carreteras que rodean a la zona conurbada y que conectan a los municipios más transitados con la Ciudad de México comenzaron a denunciar en redes sociales las alzas en el peaje, sin que haya mejoras en vías de cuota.
Los diputados del Estado de México expresaron su coincidencia con los automovilistas, en el sentido de que las autopistas no se han mejorado y que en algunos tramos la carpeta asfáltica se encuentra en deplorables condiciones, además de que la inseguridad es otro factor que tiene controladas las vialidades de pago, con el Circuito Exterior Mexiquense y el Arco Norte.
Por ello, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas Reyes, desde la tribuna de la LXII Legislatura mexiquense, expuso mediante una iniciativa frenar los tarifazos y los casetazos, al manifestar que son decisiones que van en detrimento de millones de habitantes que a diario se movilizan en el Estado de México y la Ciudad de México
Presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Congreso mexiquense, Salinas Reyes, quien también es integrante de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, propuso regular concesiones y subsidios en materia de movilidad y en el sector del transporte público.
Investigar corrupción
Durante la exposición de motivos sobre su proyecto para frenar casetazos y tarifazos, la ex legisladora federal, quien hoy ocupa una curul plurinominal en la Cámara de Diputados del Estado de México, demandó aclarar los señalamientos de corrupción contra el titular de la Secretaría de Movilidad, Daniel Sibaja González.
Señaló que el recientemente cesado director de vialidad de esa dependencia, Ramón Sabas Jiménez Fonseca, había revelado que Sibaja González ordenó pagos de obras sin terminar y autorización de sobrecosto.
Ante los demás diputados lanzó la exigencia de llamar a cuentas al funcionario y que acuda al recinto legislativo a comparecer para que explique estos señalamientos que merman la funcionalidad y eficiencia de una de las dependencias más importantes en el gobierno mexiquense.
Pidió que el Secretario de Movilidad se presente ante los representantes del Poder Legislativo para que explique las condiciones en las que se encuentran las carreteras de la entidad y si se justifica o no el incremento en los costos del peaje.
Ruth Salinas Reyes también mencionó que las autoridades estatales procedieron a despedir a otros cinco servidores públicos de las direcciones generales de Vialidad y de Movilidad de la Zona 4, quienes fueron denunciados por presuntos actos de corrupción.
Previo a la toma de la decisión de separar del cargo a los funcionarios, Daniel Sibaja González anunció que presentó el pasado 22 de enero una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con el objetivo de que se tomen las acciones legales correspondientes.
En la Semov no permitiremos actos de corrupción. Trabajamos de manera decidida para erradicarla», afirmó Sibaja González. Sin embargo, la legisladora de Movimiento Ciudadano demandó que exista una investigación integral y que Sibaja González responda a los señalamientos de corrupción en su contra.
Malestar por casetazos
A partir de este año los automovilistas que circulan por las diferentes carreteras que conectan al Estado de México con la capital del país han tenido que desembolsar un mayor gasto por los ajustes en las casetas de cobro.
La autopista México-Toluca, una de las más utilizadas, particularmente en el tramo que conecta la zona de La Marquesa con Santa Fe, el cual es administrado por Caminos y Puentes Federales (Capufe), el incremento fue de hasta seis pesos, por lo que pasó de 105 pesos que se venían pagando hace unos meses a 111 pesos.
Otra de las carreteras de peaje es la México-Querétaro, con un flujo considerable en las inmediaciones de Tepotzotlán, zona del norte del Valle de México que enlaza con varios municipios conurbados, donde el incremento también fue de seis pesos, ubicando el pago para los automovilistas en 108 pesos.
En la carretera México-Pachuca, de igual manera, los conductores de automóviles se toparon con aumentos en las casetas, por lo que quienes se movilizan en los alrededores de Ecatepec, Coacalco, Tecámac, Teotihuacán, San Marín de las Pirámides y otras localidades ahora tienen que pagar 69 pesos. Ahí el ajuste fue de cuatro pesos.
En el Circuito Exterior Mexiquense, una de las autopistas más caras del país, la cual cruza al menos por 19 municipios de la zona metropolitana del Valle de México, los incrementos también se hicieron presentes.
En la caseta de Las Américas, una de más transitadas por la conexión a municipios de la zona oriente, el peje pasó de 77 a 80 pesos, a pesar de que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga ha expresado su inconformidad porque es una de las autopistas donde mayor incidencia delictiva existe, sobre todo en el tramo de Ecatepec y Zumpango.
Presión por tarifazo
En la primera semana de enero pasado, dirigentes transportistas hicieron pública la necesidad de tener un ajuste en las tarifas del servicio público concesionado.
Fue en el marco de la primera Reunión Regional Interinstitucional de Prevención al Asalto del Autotransporte de Pasaje y de Turismo de 2025, celebrada en la capital del Estado de México, donde los representantes del sector se manifestaron por lograr un incremento, tras más de cinco años de permanecer con la actual tarifa, cuyo pasaje mínimo está en 12 pesos.
De acuerdo con el delegado de la Cámara del Autotransporte de Pasaje y Turismo del Estado de México, Odilón López Nava, existe la inquietud de los agremiados por concretar un nuevo aumento, aun cuando no se han tenido planteamientos formales ante las autoridades correspondientes.
Entre algunos dirigentes del sector se menciona que la petición para ajustar las tarifas puede ser de al menos dos pesos; es decir, un incremento del 16.6% si se consideran los 12 pesos de pasaje mínimo actual.
Los parámetros de alza en el transporte público concesionado en el Estado de México han sido de dos pesos en los últimos seis años. En julio de 2017, dos meses antes de dejar el cargo, el entonces gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, aprobó un incremento al pasaje mínimo en ese rango, es decir, dos pesos, los cuales en aquel año representaron un ajuste de 25%, pues la tarifa se ubicaba en 8 pesos, y pasó a 10.
Para avalar el aumento, las autoridades indicaron que uno de los compromisos adquiridos por los transportistas había sido el de instalar cámaras de videovigilancia para evitar la comisión de delitos al interior de las unidades. Hecho que resultó como “un llamado a misa” porque la deficiencia en el servicio sigue y las unidades son viejas y llevan muchos años rodando.
Urgen mejoras
Ante este escenario, la diputada de Movimiento Ciudadano cuestionó el sistema integral de movilidad que se proponía con la nueva ley aprobada hace un año, debido a que no ha habido avances.
Por ello, propuso establecer límites legislativos en las concesiones, subsidios y expropiaciones para regular los costos del transporte público y las cuotas de peaje en autopistas, pues consideró que los casetazos y los tarifazos no son ninguna solución al problema de movilidad y solo perjudican a la ciudadanía.
Lamentó que la entidad tenga las casetas más caras del país y que aún así en este año se hayan registrado incrementos, además de que el transporte público tenga un deficiente servicio para justificar un incremento en el pasaje.
La iniciativa de Movimiento Ciudadano plantea adiciones a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México y sus Municipios, para que las concesiones de bienes o servicios, incluyendo carreteras, aeropuertos e infraestructura de movilidad, se otorguen por escrito, mediante título de concesión, donde se establecerá el objeto y alcance, con los límites que impone la ley y las normas reglamentarias aplicables.
Propone que los costos de las tarifas y los mecanismos para su actualización se fijen de acuerdo con el título de concesión y las disposiciones vigentes, reservándose el Estado la facultad de revisión, clasificación del cumplimiento de las obligaciones del concesionario, aprobación y publicación de los aumentos.
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El documento destaca que el Estado podrá aplicar subsidios al transporte público y a las cuotas de carreteras, mediante políticas que procuren el bienestar económico de la población, con una perspectiva de derechos humanos, pudiendo establecer convenios con los concesionarios para la reducción o condonación de tarifas.
Además, los aumentos a las tarifas de los servicios concesionados, incluyendo el transporte público, las carreteras, aeropuertos, servicios conexos y auxiliares de movilidad, se publicarán en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, con 30 días de anticipación a su aplicación.
La vigencia del título de concesión se otorgará de tal forma que, durante ese lapso, el concesionario recupere totalmente la inversión que deba hacer en razón directa del bien o servicio de que se trate; la vigencia que exceda el periodo del titular del Ejecutivo estatal deberá ser aprobada por el Legislativo, la cual no podrá exceder de 15 años, y el plazo de la concesión podrá ser prorrogado, cuando el concesionario cumpla con las obligaciones de la concesión y el gobierno estatal no pueda explotar o prestar directamente el bien o servicio.
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