Buscan tipificar en CDMX el reclutamiento de menores con fines delictivos
Dejarlo especificado en el Código Penal local con sanciones de hasta 30 años de prisión y agravantes en casos de abuso de autoridad
Arturo R. Pansza
La legislación penal en la Ciudad de México carece de una tipificación específica que sancione el reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, omisión que genera un vacío jurídico que limita la capacidad del Estado para investigar, perseguir y sancionar a quienes llevan a cabo esa acción en contra de la integridad de los menores.
Resulta que el fenómeno del reclutamiento forzado no solo afecta a los menores de edad como víctimas directas de violencia, sino que contribuye al escalamiento de la criminalidad, al fortalecimiento del crimen organizado y a la reproducción de ciclos intergeneracionales de violencia.
Aun y cuando existen normas que protegen de manera general a la niñez, no hay un marco punitivo claro ni agravantes específicas aplicables a la conducta de recular a niñas, niños y adolescentes para la comisión de delitos.
Por lo anterior, en el Congreso de la Ciudad de México será objeto de análisis la iniciativa dirigida a adicionar los artículos 173 Bis y 173 Ter al Código Penal para el Distrito Federal, con el fin de tipificar de manera autónoma el delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes con fines delictivos, así como establecer circunstancias agravantes cuando el acto se cometa al aprovechar una relación de autoridad, parentesco, vulnerabilidad de la víctima o por parte de servidores públicos.
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Instrumentos delictivos
Se trata de la propuesta que en ese sentido presentó recientemente el diputado de la fracción parlamentaria de Morena, Pedro Haces Lago, quien reconoció que las infancias reclutadas son utilizadas como instrumentos delictivos y pierden su derecho a la educación, al juego, a la salud, a la familia, y en muchos casos, a la vida misma.
Además, muchas veces son asesinados por organizaciones rivales o ejecutados por el propio grupo criminal del que forman parte.
La falta de una sanción penal clara también impide diferenciar adecuadamente entre víctimas y victimarios, perpetuando la estigmatización y criminalización de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.
Dentro de la propuesta se deja en claro que la tipificación específica del reclutamiento permitiría no sólo sancionar a los verdaderos responsables, sino que también canalizar a las infancias víctimas hacia esquemas de protección, atención psicosocial y reintegración comunitaria.
Con la reforma se busca llenar el vacío normativo y establecer un tipo penal claro, proporcional y eficaz que permita proteger a la niñez de una de las violaciones más graves y extendidas en contextos de violencia como los que experimenta México.
Dicho esfuerzo se alinea con experiencias internacionales que han reconocido el reclutamiento de menores como una violación grave de derechos humanos, un crimen de guerra (como lo establece el Estatuto de Roma) y un acto contrario a los principios fundamentales del derecho penal moderno.
Grupo históricamente vulnerable
El legislar en esta materia es un imperativo ético, moral y humanitario, más cuando en México, niñas, niños y adolescentes constituyen un grupo históricamente vulnerable debido a su edad, situación socioeconómica y contextos de violencia estructural.
Esa condición de vulnerabilidad ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional, de ahí la necesidad de garantizar una protección especial reforzada conforme al principio del interés superior de la niñez, reconocido por la Constitución, tratados internacionales y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Haces Lago fundamentó que se debe actuar ante una de las violaciones más graves a los derechos humanos en el país, porque de acuerdo con algunos datos de la organización Reinserta, se estima que hasta 45 mil menores han sido cooptados por grupos delictivos en México, mientras que Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) calcula que en el mundo más de 300 mil niños han sido reclutados por fuerzas o grupos armados.
Aclaró que “no existe una sola sentencia en México por reclutar a un menor para delinquir y, eso es simplemente inaceptable”, a la vez que refirió que, en muchos casos, los menores son captados a través de redes sociales, amenazas o promesas de dinero y protección.
Para el Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes (ONPRENNA), las víctimas muchas veces son asesinadas por el mismo grupo que los reclutó o por organizaciones rivales.
A nivel local, por lo que hace a la capital del país, el Código Penal del Distrito Federal considera este acto sólo como un agravante, lo que genera un vacío jurídico que impide investigar y sancionar eficazmente a quienes utilizan a menores como “halcones”, “mulas”, mensajeros o sicarios.
Cada día que pasa sin una legislación efectiva, un menor es captado, utilizado y condenado a un futuro marcado por la violenciaPedro Haces
Hasta 30 años de prisión
La iniciativa, además de proponer adicionar los artículos 173 Bis y 173 Ter al Código Penal local, con el fin de tipificar de manera autónoma el delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes con fines delictivos, establece penas de 15 a 30 años de prisión y de 200 a mil días de multa o agravantes si el hecho es cometido por familiares, tutores, servidores públicos, o si se ejerce violencia o se recluta a menores en situación de calle, discapacidad o migración.
Para el legislador morenista “la reforma no es simbólica, sino una acción concreta para proteger lo más valioso de cualquier nación: nuestras infancias”.
La propuesta se basa en recomendaciones de organismos como la CIDH y el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que urgen a México a legislar sobre el tema y aumentar el presupuesto en prevención y atención a menores víctimas de violencia estructural.
“Podemos hacer historia, dejar claro que la niñez no se negocia. Que este país no se rinde ante la violencia ni normaliza lo inaceptable”, aclaró el congresista.
La iniciativa que fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, con opinión de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez para su análisis y dictamen, deja en claro que la violencia que enfrenta la niñez y adolescencia se ve exacerbada por factores como la pobreza, desigualdad, discriminación estructural, abandono, descomposición del tejido social y la falta de acceso a oportunidades dignas de vida.
Dichos elementos generan un entorno propicio para el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos delictivos, quienes los utilizan como mano de obra “económica y eficiente” para cometer delitos.
Con base a cifras de la UINICEF, más de 300 mil niñas y niños en el mundo son reclutados por grupos armados, muchos de los cuales han sido víctimas de violencia previa, han vivido en contextos de pobreza extrema o discriminación, o carecen de redes familiares protectoras.
Penetración del crimen en comunidades vulnerables
En el caso mexicano, organizaciones como Reinserta han estimado que entre 35 mil y 45 mil menores han sido atrapados por el crimen organizado, fenómeno que lejos de limitarse a una cifra, refleja la penetración del crimen organizado en comunidades vulnerables, donde los cárteles reclutan a menores como halcones, mensajeros, vigilantes, sicarios o mulas, muchas veces bajo amenazas o promesas de dinero y protección.
La situación representa no solo una estrategia criminal, sino una violación directa a los derechos humanos fundamentales de la niñez, en tanto que el crimen organizado ha expandido su campo de acción, al aprovechar la globalización, los flujos migratorios, las fallas institucionales y la desregulación financiera.
Esa diversificación ha incrementado la necesidad de “mano de obra”, lo cual ha derivado en un patrón alarmante de incorporación de personas menores de 18 años en actividades delictivas.
Niñas, niños y adolescentes son particularmente susceptibles al adoctrinamiento, debido a que aún no han desarrollado plenamente su criterio moral, conciencia sobre la muerte o sentido de pertenencia social.
Se han identificado múltiples factores que propician esta situación, entre ellos la pobreza obliga a muchas familias a aceptar cualquier forma de sustento, incluido actividades ilegales; la discriminación étnica, tribal o religiosa, que margina a las infancias de comunidades específicas; el deseo de venganza, ante la experiencia de violencia en sus hogares o comunidades; además de la orfandad, la migración y el abandono familiar.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado factores de riesgo asociados a la violencia juvenil que deben considerarse en cualquier política pública o legislación: implicación en delitos graves, consumo de sustancias, falta de vinculación social, entorno familiar violento, deserción escolar, trastornos psicológicos, discriminación y condiciones socioeconómicas precarias.
Todos estos elementos configuran un terreno fértil para que los grupos delictivos recluten menores de edad. La CIDH ha advertido que las niñas, niños y adolescentes que crecen en contextos de violencia estructural están expuestos de forma continuada a violaciones graves de sus derechos, incluidos los de la vida, a la integridad personal, a la educación, a la salud y al desarrollo integral.
En este sentido, el reclutamiento forzado representa una de las formas más graves de violencia y explotación contra la niñez, constituyendo una afrenta al derecho, la dignidad humana y los compromisos internacionales del Estado mexicano.
Luis Pedernera, integrante del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, ha reiterado que el Estado mexicano debe trazar una ruta clara para atender las recomendaciones del organismo, entre ellas el incremento del presupuesto destinado a infancias y la creación de medidas normativas que frenen la violencia en su contra. Esta exigencia responde a una necesidad apremiante: niñas, niños y adolescentes viven, y muchas veces mueren, en medio de una guerra que no les corresponde.
El objetivo de la iniciativa es llenar un vacío legal actualmente existente en el marco penal local, mediante la creación de un tipo penal específico que permita sancionar de forma eficaz el fenómeno del reclutamiento de menores.
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