Legisladores proponen a dos titulares para Fiscalías especializadas
Para la Atención de Delitos Electorales y para Combate a la Corrupción

Arturo R. Pansza
Las personas legisladoras que forman parte de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México estuvieron de acuerdo en avalar los dictámenes en los que se designa a Daniel Osorio Roque y José Gerardo Huerta Alcalá, como titulares de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo que será puesto a consideración por el pleno en los próximos días y, de prosperar, esas personas serán llamadas a rendir protesta.
De esa manera avanza la designación de titulares de las fiscalías especiales, con un presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del recinto de Donceles y Allende, el diputado de Morena Alberto Martínez Urincho que aclaró que la procuración de justicia es una “labor extraordinariamente delicada del Estado”.
Justificó lo anterior al exponer que implica derechos humanos de especial relevancia como la libertad y diversos aspectos de la seguridad jurídica de las personas.
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Verónica Elizabeth Ucaranza señaló que el máximo órgano impartidor de justicia debe ponerse al nivel de las necesidades de la genteEl congresista morenista detalló que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México, es de suma importancia al encargase de la investigación y persecución de delitos electorales que lesionan y ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función democrática y que atentan contra el voto universal.
Calificó la designación de la persona titular de esta fiscalía como fundamental, al tener la “encomiable labor de salvaguardar la expresión de la voluntad de todo ciudadano”, que se ejerce mediante el sufragio efectivo y el sistema democrático.
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Por lo que hace a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, Martínez Urincho precisó que la construcción, consolidación y reforma del sistema jurídico en la administración y en la procuración de justicia, deben estar enfocados a quienes histórica y constantemente han estado en condiciones de desventaja.
En ese sentido se refirió a las mujeres, personas con discapacidad, indígenas, migrantes, en situación de calle, adultos mayores, de la comunidad LGTTTIQ+, niñas, niños, adolescentes, para abonar a la construcción de la paz y garantizar el derecho de las y los gobernados.