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Mexicali1 de junio de 2025
Localmiércoles, 10 de noviembre de 2021

Empiezan a auditar Cecyte y prisiones; investigan corrupción

La nueva administración estatal inició pesquisas para esclarecer contratos y uso de recursos que pudieron haberse dado

Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California
Marina del Pilar A?vila Olmeda, gobernadora de Baja California / Jorge Galindo | La Voz de la Frontera
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Érika Gallego / La Voz de la Frontera

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En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) y en la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario iniciaron las primeras auditorías para esclarecer prácticas que pudieron haber sido irregulares en la pasada administración, confirmó Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora del Estado.

En el caso específico del Cecyte hay denuncias por supuesto cobro a cambio de plazas, situación que se venía alertando por parte de varios trabajadores que ahora también lo han denunciado ante la nueva administración.

“Tuvimos contratiempos en el nombramiento del nuevo director, no nos querían entregar el Cecyte y eso hizo más lento el cambio pero se procedió y el lunes entró auditoría para investigar esas denuncias públicas y ciudadanas”.

En sustitución de Jorge Alberto Castro Boozo, quien se negaba a dejar el cargo, se nombró a Alonso Centeno Hernández quien ya despacha como director del Cecyte.

EMPARENTADO

El ex titular de la dependencia es esposo de Vicenta Espinoza Martínez quien durante el gobierno de Jaime Bonilla Valdez fue titular de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.

Vicenta Espinoza y Salomón Faz
Vicenta Espinoza, Secretaria de Honestidad y Función Pública y Salomón Faz, Secretario del Agua / Foto | Captura de Pantalla @JaimeBonillaValdez

En lo que respecta a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, la Gobernadora adelantó que se estarán revisando algunos contratos que considera no son del todo favorables para la administración.

En la recta final del gobierno pasado, cuando Jesús Núñez Camacho fungía como responsable de los centros penitenciarios, la tarifa telefónica para las personas privadas de la libertad se elevó de 1 a 3 pesos.

Ávila Olmeda dijo que ese costo es elevado para la población penitenciaria por lo que revisarán el contrato realizado en ese sentido además de otros.

“No es cacería de brujas, no se trata nada más de mandar auditorías a todas las dependencias solo en aquellas donde se han detectado algunas situaciones e irregularidades”.

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