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De acuerdo a los reglamentos municipales en el estado, cada Ayuntamiento somete a consideración el nombramiento de los directores de Seguridad Pública Municipal, con los integrantes del Cabildo, quienes luego de someterlo a discusión votan o niegan el nombramiento de los mismos.
Previo acuerdo del Ayuntamiento, el presidente municipal nombrará al director de Seguridad Pública Municipal, quien deberá cumplir con algunos requisitos como ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos, tener cuando menos veintiún años cumplidos el día de la designación, ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal, entre otros.
En este supuesto deberían haber ingresado todos los titulares de seguridad que fueron designados con el cambio de las administraciones municipales, como en el caso de Nuevo Casas Grandes, quien decidió nombrar a un director de la policía que fue acusado ante FGR de delincuencia organizada, amenazas y tortura.
A pesar de la denuncia que le interpusieron en 2020 en Galeana, fue nombrado por el Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes como el nuevo titular, lo cual generó inconformidad de varios ciudadanos, por estar presuntamente coludidos con grupos criminales de aquella región del estado.
La Fiscalía General del Estado, como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, son las autoridades encargadas de revisar los exámenes de control y confianza del titular de seguridad como de todos los agentes en cuestión, así como los portes de arma y demás revisiones que deben realizar a los elementos.
De acuerdo al reglamento municipal, una vez nombrado, someterse a los programas de control de confianza y capacidades a que hubiere lugar, así como no haber sido suspendido, destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, en los términos de las normas aplicables una vez nombrado, someter la revisión de sus datos personales a los registros nacionales y estatales a que haya lugar.
Varios titulares de seguridad en el estado han tenido una serie de señalamientos de vínculos con grupos criminales, como fue en Janos, donde el titular fue detenido por el delito de delincuencia organizada por haber participado en lo que se conoce como la “masacre LeBarón'' ocurrida en los límites de Chihuahua y Sonora.
En Namiquipa, hace un par de años, fue detenido el tío de un líder criminal que operaba en esa zona, quien había sido designado como titular de la Policía Municipal, por varios años, pero luego de un operativo de la Sedena fue capturado por presuntos intereses con un grupo criminal.
En Madera, también fue detenido el titular de la corporación en 2019, por haber impedido junto a sus agentes la detención de un líder criminal, y por portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como circular en vehículos blindados.
