/ miércoles 22 de septiembre de 2021

Atienden a 681 personas migrantes en el albergue Leona Vicario

El Delegado de Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera pidió no criminalizar a las personas migrantes

El delegado de Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera, propuso esta mañana en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz atender a las personas migrantes con una visión humanitaria y evitar acciones que las criminalicen, como establece la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes para el Estado de Chihuahua, de vigente aplicación.

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Recordó que de acuerdo con esta normatividad, el gobierno estatal tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos de las personas migrantes, quienes son víctimas.

"Yo hice una exposición de algo que no se dice mucho: hay una Ley Estatal de Protección a las Personas Migrantes, en la cual los entes públicos, mayormente del Gobierno del estado, tienen la responsabilidad y la coadyuvancia con el Gobierno Federal para atender en primer lugar los derechos de las personas migrantes", dijo en entrevista con los medios de comunicación a su salida de Palacio de Gobierno, donde se llevó a cabo la reunión.

"No debemos encaminar el asunto, a uno estrictamente de seguridad, sino a un tema de derechos humanos", añadió.

Juan Carlos Loera dijo que es claro que se debe investigar a las redes de tráfico de personas, pero insistió en que las personas migrantes son víctimas de este hecho delictivo.

Explicó que la citada norma legal, en su artículo 9, obliga al gobierno estatal a garantizar albergues, alimentación, servicios médicos, alojamiento, vestido, asistencia jurídica, orientación social y en su caso, transportación.

Y resaltó que como la política del gobierno federal actual es de colaboración y coordinación estrecha con las autoridades estatales, apoya en la atención a migrantes.

“Se ha trabajado de forma coordinada y el gobierno federal presta servicios que, incluso, señala la ley estatal", precisó.

En el Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario, operado por el gobierno federal, se brinda asistencia a 681 personas migrantes y en el gimnasio municipal Kiki Romero, ubicado en Ciudad Juárez, los alimentos que entrega la Secretaría de Bienestar son preparados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El delegado Juan Carlos Loera informó que a la mesa acudió el titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, Pedro Alberto Alcalá López, quien rindió un informe sobre las actividades de esta dependencia federal en el estado.

“En la mesa hay un gran ánimo de colaboración y coordinación para atender este asunto", expresó Loera.

Como parte de las acciones federales, este jueves se dará a conocer el esquema de financiamiento "Paisano Apoya a tu Gente", que consiste en combinar remesas de los chihuahuenses radicados en Estados Unidos con créditos de la Financiera Nacional de Desarrollo (FND), con beneficio directo en todo Chihuahua.

El delegado de Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera, propuso esta mañana en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz atender a las personas migrantes con una visión humanitaria y evitar acciones que las criminalicen, como establece la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes para el Estado de Chihuahua, de vigente aplicación.

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Recordó que de acuerdo con esta normatividad, el gobierno estatal tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos de las personas migrantes, quienes son víctimas.

"Yo hice una exposición de algo que no se dice mucho: hay una Ley Estatal de Protección a las Personas Migrantes, en la cual los entes públicos, mayormente del Gobierno del estado, tienen la responsabilidad y la coadyuvancia con el Gobierno Federal para atender en primer lugar los derechos de las personas migrantes", dijo en entrevista con los medios de comunicación a su salida de Palacio de Gobierno, donde se llevó a cabo la reunión.

"No debemos encaminar el asunto, a uno estrictamente de seguridad, sino a un tema de derechos humanos", añadió.

Juan Carlos Loera dijo que es claro que se debe investigar a las redes de tráfico de personas, pero insistió en que las personas migrantes son víctimas de este hecho delictivo.

Explicó que la citada norma legal, en su artículo 9, obliga al gobierno estatal a garantizar albergues, alimentación, servicios médicos, alojamiento, vestido, asistencia jurídica, orientación social y en su caso, transportación.

Y resaltó que como la política del gobierno federal actual es de colaboración y coordinación estrecha con las autoridades estatales, apoya en la atención a migrantes.

“Se ha trabajado de forma coordinada y el gobierno federal presta servicios que, incluso, señala la ley estatal", precisó.

En el Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario, operado por el gobierno federal, se brinda asistencia a 681 personas migrantes y en el gimnasio municipal Kiki Romero, ubicado en Ciudad Juárez, los alimentos que entrega la Secretaría de Bienestar son preparados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

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“En la mesa hay un gran ánimo de colaboración y coordinación para atender este asunto", expresó Loera.

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