Las investigaciones que se realiza la Secretaría de la Función Pública estatal, en torno al presunto desvío millonario de recursos del presupuesto del 2018, en la Subsecretaría de Obras Públicas del Estado en la Zona Norte, deben continuar hasta sus últimas consecuencias y castigar a quien o quienes resulten responsables.
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Así lo consideró el presidente de la delegación local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Mario Baeza Cano, luego de señalar que, de ser necesario, si la autoridad lo solicita, el organismo está en disposición de colaborar y aportar información respecto a obras asignadas y la participación de las empresas.
Adelantó que los socios de la CMIC son personas que tienen una vasta experiencia y no se prestan para cometer irregularidades de ningún tipo, por lo que consideró que no hay nada que temer de su parte y que en su momento no participaron en acciones ilegales relacionadas con las licitaciones y la asignación de contratos.
De acuerdo con la información dada a conocer por el Gobierno del Estado, a través de un boletín de prensa difundido el jueves, las investigaciones se relacionan al periodo en el que el titular de la dependencia en la zona norte era Andrés Carbajal Casas y Abraham Leonel López León aparecía como el administrador.
De hecho, se habla ya de llevar a cabo el procedimiento correspondiente por la vía penal y la administrativa, para que sea ahí en donde se deslinden responsabilidades y se proceda conforme a la ley.
El dirigente empresarial coincidió con lo expresado en el comunicado oficial, al señalar que no debe tolerarse la participación en actos ilegales, que afecten los recursos que los mismos ciudadanos aportan a través del pago de sus impuestos.
Dijo también que él no puede referirse a las acusaciones que pesan en contra de exfuncionarios, porque ello le corresponde, en todo caso, a las autoridades que deben investigar, integrar los expedientes y acusar a los presuntos responsables, para que finalmente sea un juez el que determine la responsabilidad o no de la que se les llegue a acusar.
Comentó que la información que tiene se relaciona con lo que se ha difundido en los medios de comunicación, pero hasta ahora no se tiene información oficial.
En información difundida a nivel nacional se menciona que Andrés Carbajal Casas y Carlos Javier Loya Rodríguez, son acusados de una presunta irregularidad en el ejercicio de recursos públicos, del orden de 4 millones 658 mil 96.72 pesos, que no están amparados con los contratos correspondientes, pactados con: Plásticos Ecosostenibles de México, SA de CV, Miselec Juárez, SA de CV, Trabcom Constructora, SA de CV, Aarón Cano Morales, DecorStone, S de RLMI, Héctor Ariel Cervantes López y Fernando Aragón González.
También se involucra a Blanca de León de los Santos, residente de obra, al detectar pagos a contratistas y proveedores, como a Plásticos Ecosostenibles de México, S.A. de C.V., empresa a la que al parecer se le entregaron 177 mil 898. 97 pesos por concepto de obra no ejecutada.
También se menciona, en la misma información, que Carbajal y Loya presentaron documentación improcedente por el pago de listas de raya y/o mano de obra, amparadas con facturas de tres empresas a las que no se les acompañó del soporte para validar el pago de un total de 595 mil 225.68 pesos, entre otras irregularidades.
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