DELICIAS.- El caso de los tres productores detenidos por la Guardia Nacional tiene más sesgo político que jurídico, afirmó Gerardo Navarrete Zubía, abogado a cargo de su defensa, quien señaló que el poder judicial parece estarse doblegando ante las presiones del ejecutivo.
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Gerardo Navarrete sostuvo que ellos son una especie de estandarte del gobierno federal, para tratar de intimidar a los ciudadanos que se atrevan a levantar la voz en defensa del agua de la presa La Boquilla, que corre el riesgo de ser vaciada este año.
En rueda de prensa que ofrecieron ayer representantes del movimiento por la defensa del agua, Navarrete Zubía aseveró que el proceso al cual están siendo sometidos los campesinos tiene más tintes políticos que jurídicos, pues ha estado viciado desde el momento de la detención de sus clientes por parte de los elementos castrenses el pasado 8 de septiembre.
“Es claro que el sesgo político impera sobre la situación jurídica de los tres detenidos, lo vemos desde la parcialidad del tribunal; desde el inicio del proceso de estos tres agricultores lo estamos observando, lo hemos denunciado, tan es así que llegamos a la aberración que realizó el juez Tomás José Acosta Canto el día 15 de diciembre, donde incumple con una sentencia de amparo”, señaló el letrado.
Navarrete dijo percibir que el poder judicial de la federación se está doblegando, pues no se ve que haya autonomía en él. Por parte de la defensa, dijo, sólo queda continuar con las acciones legales.
El licenciado consideró que la intención detrás de todo lo anterior, por parte del ejecutivo federal, es clara: manejar a los tres agricultores como un estandarte, un “estate quieto” para el movimiento de la defensa del agua, una forma de amedrentar a los ciudadanos.
“Hay un riesgo latente de que el gobierno federal, el año que entra, vuelva a tener la intención de llevar a cabo un desfogue de agua de la Boquilla, porque ya desfogaron el Granero y Las Vírgenes, entonces sí lo vemos que es claramente un estandarte para el gobierno federal, para que los agricultores, quizás crearles algún tipo de temor, para una futura manifestación, alguna futura defensa del agua”, dijo.
Hizo un llamado al presidente de la república y al fiscal general, para que reconsideren un eventual desistimiento de los cargos imputados a los tres vecinos del municipio de La Cruz, quienes permanecen en prisión preventiva.
Por último, el encargado de la defensa anticipó que si el incidente en ejecución de sentencia del caso se admite, éste tendría que ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia.
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