El Municipio de Juárez tiene a su haber un aproximado de 650 asuntos o demandas en su contra ante tribunales del estado por diversas razones, informó el director jurídico, Marcos García.

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Expuso que el Municipio atiende demandas de carácter patrimonial donde se le reclama el pago de ciertas prestaciones en numeraria, las cuales son demandas que corresponden a obligaciones incumplidas por parte de las administraciones pasadas.

“Todos los reclamos que tenemos cobrando deudas son de administraciones pasadas y por muy diversas razones, nada más para poner un ejemplo, tenemos reclamaciones millonarias de parte de una empresa que está reclamando unos supuestos derechos derivados de la construcción del Camino Real”, dijo.

La obra del Camino Real fue realizada en la primera administración del entonces presidente municipal Héctor Murguía Lardizábal, las reclamaciones en aquella época las obligaciones que se contrajeron nunca se pagaron, por lo que se demandó al Municipio.

Sin mencionar nombres y montos económicos, el representante legal del Municipio comentó que en algunos casos el Ayuntamiento tuvo que resarcir el daño de manera económica con varios millones de pesos.

Externó que en otros casos el Municipio ha tenido la posibilidad de en defensa del patrimonio municipal obtener algunas resoluciones favorables, pero en aquellas donde no ha sido posible jurídicamente hablando soslayar el cumplimiento de esas obligaciones, ha tenido que pagarlas.

En este tipo de demandas, a la fecha el Municipio no ha sido demandado por obligaciones patrimoniales de esta administración independiente.

Expuso que está integrado por un buen número de demandas de preinscripción, es decir, son aquellas personas que tienen muchos años en posesión de terrenos que están en posesión de terrenos que están a nombre del Municipio y consecuentemente en base a la ley, la posesión que tienen les da derecho a demandar la preinscripción.

“De estos asuntos que estoy refiriendo son única y exclusivamente aquellos que nosotros estamos en trámite y básicamente en una posición defensiva, es decir, que somos parte demandada están en los tribunales locales”, expresó.

Marcos García externó que la Secretaría del Ayuntamiento a través de la dirección Jurídica atiende un promedio de aproximadamente 400 amparos donde el Municipio es señalado como autoridad responsable y que son básicamente las reclamaciones que los ciudadanos hacen del cobro de Derecho de Alumbrado Público (DAP).

Esos juicios de amparo afortunadamente algunos de ellos se les niegan a los quejosos por diversas razones, a veces por presentar extemporáneamente el amparo o por algunas otras razones de carácter procesal.

“Menciono los asuntos del Derecho de Alumbrado Público porque hacen sumatoria considerable, es decir, si usted le agrega los 650 asuntos en promedio que atendemos de los juzgados locales, estamos atendiendo entonces casi mil asuntos”, enfatizó.

La Secretaría del Ayuntamiento también atiende todos aquellos asuntos de carácter administrativo que básicamente se traducen en recursos de revisión en contra de las determinaciones que toman las diferentes dependencias municipales.

Explicó que de ordinario al año se atiende este tipo de asuntos administrativos un promedio de 350 asuntos.

Una demanda administrativa puede ser de revisión o de reconsideración, por ejemplo, si la dirección de Desarrollo Urbano niega una petición de Licencia de Construcción, de Licencia de Funcionamiento o cambio de Uso de Suelo y que el particular no está de acuerdo, promueve los recursos de revisión correspondiente en la Secretaría del Ayuntamiento.

En este caso, el Municipio tiene la obligación legal de atender todos los recursos de revisión que al año se acumulan bastantes recursos administrativos que por regla general el ciudadano también promueve amparo, que en algunos casos se les concede el amparo.

El director jurídico del Municipio expuso que el caso de la empresa Intelliswitch es un asunto que el Municipio es quien está demandando a la empresa por incumplimiento al contrato.

Dijo que está la demanda por incumplimiento por lo que se le reclamará una prestación patrimonial por el daño causado por no haber cumplido con el contrato como debió haber sido.

Mencionó que es una cuestión bastante compleja porque se requiere la elaboración de unos peritajes previamente a la presentación de la demanda que ha llevado mucho tiempo en tener una resolución y eso significa muchos gastos previos a la presentación de la demanda.

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