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Chihuahua, Chih.- Juan José Chimal, esposo de Verónica Peña Nieto y cuñado del expresidente Enrique Peña Nieto, así como los empresarios Pedro Pinzón y Salvador Jóse Zulueta Campoy presionaron al Gobierno de César Duarte Jáquez para que cumpliera con el pago de 50 millones de pesos que previamente habían pactado, sin embargo en 2015 sólo alcanzaron a entregar un pago parcial de 23 millones 200 mil pesos de una partida presupuestal que hicieron en la Secretaría de Hacienda.
La triangulación del dinero fue encabezado por Marcelo González Tachiquín, quien dentro de ese periodo era el titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, por lo que solicitó la apertura presupuestal al exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, por 23.2 millones de pesos para la recuperación, reestructura y análisis del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).
Este recurso salió de Gobierno del Estado y fue entregado a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua para liquidar el pago a la empresa Explocean S de RL de CV, quien se haría cargo de este trabajo, pero nunca realizó la prestación de algún tipo de servicio, pero que en cambio sí recibió el pago del dinero, conforme a las evidencias entregadas por el titular de SEECh, Manuel Arias Delgado.
Durante más de 13 horas, el juez de control Luis Carlos Flores Morales escuchó las dos partes, donde le acreditaron que Marcelo González había desviado 23.2 millones de pesos durante el año 2015, en coordinación con algunos exfuncionarios de la administración del Gobierno de César Duarte.
El juez de control estableció que el próximo 13 de enero, a las 10:00 horas, se llevará a cabo la audiencia de vinculación o no a proceso, donde citarán a Carlos Vázquez Aldaco, trabajador del SEECh, así como al exsecretario Ricardo Yáñez Herrera, quienes rindieron información contra Marcelo González y por lo cual la defensa solicitó la presencia de ambos.
Tras un peligro de sustracción de la justicia, el juez de control concedió la prisión preventiva, ya que durante 2018 salió del estado en 11 ocasiones a puntos en Estados Unidos como a Los Ángeles, Oklahoma y Houston, asimismo Canadá y Japón, además de que no cuenta con empleo formal en Chihuahua y otra razón que lo obligue a radicar en el estado, que consideraron que podría evadir la justicia.
La defensa del exfuncionario explicó que cuenta con 19 propiedades en Chihuahua, lo que sirve como un arraigo para no evadir la justicia, por lo que pidieron que llevara el proceso en libertad, pero luego del debate de las medidas cautelares, fue enviado a prisión preventiva por un año para continuar con la investigación.
Por otra parte, en las investigaciones se establece que en la Ciudad de México el exgobernador César Duarte Jáquez, el director del Registro Civil Ricardo Yáñez, el exsecretario de Hacienda Jaime Herrera y el exsecretario de Educación, Marcelo González Tachiquín, fueron quienes estuvieron negociando el pago para los empresarios y familiar cercano al entonces Presidente de la República.
Ya en Chihuahua, Marcelo González Tachiquín inició los procesos correspondientes para conseguir el dinero, pero en vez de los 50 millones de pesos, signó casi la mitad de lo que se les había prometido, lo cual simuló a través de un contrato entre SEECh con la empresa Explocean S de RL de CV.
Según la declaración de los ministerios públicos, la Secretaría de la Función Pública, en 2017, recibió la denuncia de Manuel Arias Delgado, titular de SEECh, por irregularidades de poco más de 23 millones de pesos, que entregaron sin contrato, licitación, acta de adjudicación, propuesta de proveedores a la empresa antes mencionada, la cual no realizó ninguna prestación de servicio y en cambio sí cobró dicha cantidad de dinero.
A pesar de recibir los 23 millones de pesos Juan José Chimal, cuñado del expresidente Enrique Peña Nieto, los empresarios Pedro Pinzón y Salvador Zuleta, en abril de 2015, siguieron presionando para que cubrieran el compromiso que mantenían de 50 millones de pesos, que terminó por olvidarse con la caída del helicóptero de César Duarte en agosto del mismo año.
El testigo, identificado como 75W659R, quien declaró ante la Fiscalía General del Estado el pasado 26 de septiembre de 2018, explicó cómo ocurrieron todos los hechos, la forma en que salió el dinero de la Secretaría de Hacienda, las facturas que se pagaron por 23.2 millones de pesos, y los personajes que se reunían en la Ciudad de México, donde hablaban del dinero que decidían pagar para quedar bien con estos personajes cercanos a Peña Nieto.
Marcelo González Tachiquín firmó más de 20 documentos y solicitó la partida presupuestal para pagar a la empresa Explocean, sin embargo, su carácter en el caso es como colaborador de la distracción del dinero, luego de que varios de los exfuncionarios como Martha Patricia Banderas, Jaime Herrera, Ricardo Yáñez, Pablo Espinoza y otros subalternos de SEECh participaran para la triangulación del dinero.
Cabe mencionar que el origen de la distracción del dinero fue para quedar bien con algunos contactos cercanos a “Los Pinos”, con quienes habrían concretado un convenio de 50 millones de pesos, pero que al final de cuentas terminaron por realizar sólo un pago parcial de 23 millones de pesos.
Tachiquín no puede ser detenido: defensa
Al comenzar con la audiencia, los abogados del Despacho Villasana alegaron que Marcelo González Tachiquín no podría ser detenido, toda vez que cuenta con dos amparos vigentes, otorgados por un juez del Décimo Distrito, quien otorgó el recurso el pasado mes de noviembre y por el cual se protegía de cualquier investigación.
Los seis abogados acordaron que con estos amparos, el ex funcionario público no podría ser detenido o investigado por cualquier tipo de acusación relacionado con su labor al frente de diferentes actividades en el Gobierno del Estado de Chihuahua, por lo cual había sido privado de la libertad por parte de los elementos de la Fiscalía General del Estado.
“Nuestro cliente fue privado de la libertad, habrá consecuencias contra los agentes y todos los que resulten responsables, porque existe un amparo que lo protege de cualquier tipo de investigación”, refirió la defensa al iniciar la audiencia que en un inicio se aplazó por dos horas, ya que los abogados no habían terminado de leer los tres tomos del expediente del involucrado.
Tras debatir la defensa y el ministerio público, ambos estuvieron explicando sus posturas, hasta que quedó finalmente sujeta al criterio del juez Luis Carlos Flores Morales, quien decidió que los amparos no tenían efecto, debido a los tiempos de cada proceso, por lo que decidieron continuar con la audiencia inicial.
Al finalizar la audiencia, solicitaron conocer la identidad de un testigo reservado, quien declaró en contra de Marcelo González, así como de un trabajador de SEECh que también rindió información sobre el mismo caso, por lo cual la defensa pidió la presencia de ambos para la próxima audiencia que se celebrará el domingo 13 de enero.
