La modificación a la ley de condena de 30 a 70 años de prisión para delincuentes acusados por extorsión, es una navaja de doble filo, porque como podría ofrecer una segunda oportunidad a quien tomó la mala decisión de delinquir, también podría afectar a víctimas de este tipo de crimen.
Oswaldo Martínez, abogado y catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, habló sobre el tema, situándolo desde varios puntos de vista, si se trata de derecho penal, este siempre va a encargarse de castigar y regular las condenas obedeciendo a una cuestión de política criminal, es decir, que es lo que se pretende con la posible modificación de la Ley para delito de las extorsiones.
“Cuando se implementó esa medida de poner condenas de 30 a 70 años, fue cuando vivíamos una gran inseguridad y pasábamos por una alta cantidad de conductas delictivas de este tipo, lo cual, la política criminal en su momento, reguló la condena con la intención de inhibir las extorsiones, pero lo que realmente lo disminuyó, no sé, si fue el alto castigo o el ataque frontal que hubo a los extorsionadores”, dijo Martínez, abogado.
El catedrático de derecho penal, opinó que es importante analizar en el contexto en que se realizó el delito de extorsión, había delincuentes que sí pertenecían a un crimen o delincuencia organizada, que tenía una ramificación a la extorsión y venía de actividades del narcotráfico o trata de personas, sin embargo, también hubo delincuentes de poco perfil y poca peligrosidad, que se les hizo fácil mudar de robar a extorsionar, por eso la ley para éstos últimos, podría considerarse una condena drástica.
De ser modificada la condena, 66 presos por extorsión podrían quedar libres, el abogado Martínez, dijo que, la opinión es cuestión de óptica.
“Para Derecho Humanos y la defensa del delincuente, dar una condena de 70 años a la persona es prácticamente quitar la vida; desde el punto de vista de la víctima, quien quedó afectada psicológicamente, tal vez toda la vida, ellos lo que menos quieren es que el delincuente este en libertad, por el miedo de volver a ser atacadas o volverse a enfrentar a esa situación, para ellos serían poco 30 o 70 años”, aclaró el experto en derecho penal.
El catedrático, explicó que el sistema garantista de México, no es sólo castigar, sino rehabilitar y dar una segunda oportunidad a los delincuentes, pero se sabe que el sistema penitenciario no funciona correctamente, para muchos el entrar a prisión más que reformarse es graduarse en la delincuencia.
Indicó que la ley no se puede aplicar en efecto retroactivo en perjuicio a persona alguna, pero en beneficio sí, de tal forma que, si una persona fue sentenciada a 30 años y después la penalidad disminuye, obviamente no se puede tener a una persona en prisión, cuando la condena ya no entra en los rangos establecidos en la nueva penalidad.
“Insisto, para dejar a delincuentes por extorsión en libertad, se tendría que analizar caso por caso, y se supone que nuestro sistema penitenciario, está diseñado para dar segundas oportunidades y adaptar a la sociedad, pero en la práctica, dejar a un delincuente libre por extorsión, da una probabilidad alta de que pueda reincidir en esas conductas o cometer algún delito mayor”, finalizó Oswaldo Martínez.
