La Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos, se reunió con la Sociedad de Periodistas y Comunicadores de Ciudad Juárez (SPYC), para tratar diversos temas relacionados con la prevención y protección de los comunicadores.
Eduardo Ramos Arenas, titular de la Unidad, aseguró que, “buscamos mantener acercamientos continuos con periodistas de todo el estado, con el fin de que ellas y ellos estén al tanto de las atenciones que ofrecemos y que puedan contactarnos de forma inmediata ante cualquier situación de riesgo”.
Ramos Arenas mencionó que, "durante el 2019 se dio apertura a cuatro carpetas de investigación, durante el 2020 fueron cinco; 2021 se contabilizaron dos; 2022 y 2023 fueron tres y finalmente, en lo que va del 2024 es solo un caso".
Agregó que del total de los 18 casos, no en todos se tiene un intento de riesgo que lo haga urgente, ya que el análisis son con evaluaciones más precisas y se determina si se involucra a unidades de protección y seguridad.
Anexó también que del total de los casos del 2023 a la fecha suman cinco, de estos cuatro son de periodistas y uno de defensores de los Derechos Humanos.
En el mismo lapso de tiempo, el funcionario subrayó que, "se otorgaron también 15 medidas a favor de casos a periodistas y tres a defensores de los Derechos Humanos".
La Unidad Estatal de Protección cuenta con un instrumento de evaluación de riesgo respaldado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Está diseñado especialmente para personas que trabajan con actividades de alto riesgo como la defensa de los Derechos Humanos o el periodismo, se mencionó.
En la reunión, se habló sobre los protocolos de atención inmediata ante una situación de peligro, así como los canales de contacto urgente con que cuenta la institución con el fin de garantizar una atención oportuna y adecuada.
Esta unidad se enfoca en brindar una protección inmediata e integral para garantizar la vida y salvaguardar la integridad de las y los periodistas que se encuentren en peligro, conscientes de aquellos factores de riesgo que conlleva el desempeño de sus funciones.