Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB sostuvo una reunión de atención y seguimiento con la familia y representación del caso Alvarado Espinoza, sentencia dictada por la Corte IDH en el año 2018.
Dicho caso consistió en la desaparición forzada el 29 de diciembre del 2009 de Nitza Paola, José Ángel y Rocio Irene Alvarado, en el Ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, donde se sostuvo que el responsable de los hechos fue el Ejército.
Como resultado de la reunión, el Estado Mexicano ofrecerá disculpas públicas por el Caso Alvarado, que será en Chihuahua, tentativamente el próximo noviembre, a cuatro años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y casi 13 años después de los hechos.
Lo anterior fue el compromiso adquirido por Encinas Rodriguez en su visita a Ciudad Juárez, al reunirse con familiares del caso Alvarado Espinoza.
Gabino Gómez Escárcega, coordinador del área de personas desaparecidas en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM). señaló que durante la reunión abordaron cuestiones relativas al avance por parte del Estado Mexicano en el cumplimiento de la sentencia emitida por la CIDH en noviembre de 2018.
Entre ellos hay una disculpa, la necesidad de que haya, entre otras cosas, de las búsquedas, de hacer un plan de búsqueda de los jóvenes con vida y sin vida, entre otras se van a hacer unos rastreos en unos lugares que se han señalado como posibilidad de ubicación en la región de Buenaventura Mencionó Gómez Escarcega
“La Corte ordena que haya una disculpa pública por el Estado Mexicano en la que expresamente establece que haya presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional”, resaltó.
El compromiso del subsecretario Encinas es que, pusimos tentativamente para el mes de noviembre, que es el aniversario de la sentencia, se haga ese evento público, que será en la ciudad de Chihuahua, que posiblemente sea en Palacio de Gobierno o en la Plaza del Ángel, se comprometió que habrá presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional Agregó
Los hechos ocurrieron en la llamada “Guerra contra el narcotráfico” declarada en 2006 por el entonces presidente de México, Felipe Calderón. Esta estrategia privilegia la participación de las fuerzas armadas, en las tareas de seguridad pública.
El operativo no logró acabar con la violencia, sino que se observó un incremento tanto en casos de homicidio doloso como en violaciones a los derechos humanos. El caso Alvarado es uno de ellos: en diciembre del 2009, tres miembros de una misma familia, Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, fueron detenidos arbitrariamente por militares; no se supo nunca más de su destino o paradero.