El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz Loya, dio a conocer que los migrantes que son víctimas de un probable delito se reservan de interponer una denuncia formal ante cualquier autoridad, tras el temor que mantienen a los grupos criminales, como a los posibles casos de abuso de autoridad.
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Refirió que a pesar de que existe la comisión de un delito constante en contra de los indocumentados, la mayoría decide evitar poner alguna denuncia o queja ante el CEDH, ya que tienen el temor de que alguna represalia de parte de los grupos criminales o de las mismas autoridades que los puedan enviar a sus países de origen sin su convencimiento.
“Para ellos implica un gasto económico muy grande, porque vienen viajando desde otros países de Centroamérica, entonces no buscan ponerse a disposición de alguna autoridad porque creen que los van a regresar y mejor prefieren irse y continuar con su camino para llegar a Norteamérica a buscar una mejor calidad de vida”, señaló.
Néstor Armendáriz explicó que la parte de la Comisión de Derechos Humanos a su cargo tiene el objetivo de buscar que no se criminalice a los indocumentados, ya que no se les puede detener o asegurarlos por ninguna autoridad, sino que se busca que se les pueda dar el tratamiento de personas que podrían ser víctimas de algún delito.
Compartió que se les debe dar un tratamiento a todos los migrantes, y deben tener un trato humanitario y no se les puede criminalizar por la situación migratoria por la que atraviesan, que fue el motivo por el cual se apersonan en este tipo de aseguramientos de indocumentados para brindarles orientación y seguridad.
“Hubo buena apertura por parte de las autoridades, se iba a solicitar una orden de cateo en el lugar, ya que los migrantes no querían salir y se temía que pudiera haber otra persona tratando de mantenerlos al interior, sin embargo, luego de varias horas se logró dialogar y los dejaron en libertad”, indicó.
El Presidente Estatal de los Derechos Humanos dijo que las personas salieron de forma voluntaria, incluso al salir del domicilio una asociación de migrantes les ofreció el resguardo para que tuvieran alimentación, un lugar dónde dormir, pero la mayoría quiso seguir su camino a la frontera del estado.
Agregó que al momento de salir las personas no se podría detener a ninguna persona porque no había una orden de parte del Instituto Nacional de Migración, que es el único ente encargado de revisar este tipo de actos, por eso se les dio el trato de personas, ofrecerles alternativas de estancia y retorno seguro, pero sólo cinco o seis personas sí quisieron recibir el apoyo.
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Néstor Armendáriz pidió a las autoridades como a la sociedad civil que no se les criminalice por su situación, toda vez que no sabemos si estaban en contra de su voluntad, en condiciones inhumanas y todos los detalles que vivieron antes de haber sido rescatados.
“Hay un grave riesgo de que estemos ante de fenómeno de trata de personas, no podemos prejuzgar, pero son expuestos a varias cuestiones, primero de personas que los trasportan a cambio de cantidades altas de dinero, luego en el trayecto son abandonados y son expuestos a diferentes actos delictivos de delincuencia organizada y también de abusos de autoridades, pues hay personas que se aprovechan de la situación vulnerable, por eso tienen miedo de denunciar”, abundó.
