Organizaciones que trabajan en la frontera de México y Estados Unidos están en contra del Programa MPP que ha reiniciado este lunes; aseguran que los migrantes no están seguros en Ciudad Juárez, Tijuana, Matamoros, Reynosa o cualquier otra ciudad fronteriza donde serán objeto de violencia y posible extorsión.
El jueves la administración de Biden anunció la reimplementación del programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP) o Quédate en México, el cual iniciará este lunes.
El programa, un hito de la administración Trump, ha enviado aproximadamente 70 mil personas que huyeron de la persecución en sus países de origen mientras se procesan sus casos de inmigración en Estados Unidos.
Border Network, junto con una gran mayoría de organizaciones que trabajan en la frontera, mencionaron estar decepcionados con la implementación y expansión del programa MPP.
El MPP es un programa fallido que ha costado la vida de niños, familias e individuos al ponerlos en situaciones peligrosas y violentas sin acceso a refugio, alimentos, medicinas y apoyo legal. Las familias ahora están siendo enviadas de vuelta a un país donde los cárteles violentos y el crimen organizado han matado a sus familiares. Los migrantes no están seguros en Ciudad Juárez, Tijuana, Matamoros, Reynosa o cualquier otra ciudad fronteriza donde sean objeto de violencia y posible extorsión expresó Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza de Derechos Humanos.
Asimismo, dijo que si la administración de Biden realmente quiere comprometerse con sus promesas de campaña, deben detener rápidamente las expulsiones bajo el pretexto de salud pública, poner fin permanentemente al MPP y comprometerse a un procesamiento seguro y humano de refugiados en lugar de continuar con las políticas antiinmigrantes y discriminatorias de la era Trump.
También , la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), señaló que la MPP pone en riesgo a las personas que se encuentran en la frontera y buscan ingresar a los Estados Unidos para solicitar asilo político.
Según la OIM, esta política ha puesto en peligro a miles de personas que, al verse obligadas a esperar en México en condiciones de vulnerabilidad, han enfrentado riesgos significativos para su seguridad y bienestar.