Tijuana, Baja California.- El objetivo de llevar a tribunales las ya conocidas acusaciones de tortura es completamente electoral, consideró Julián Leyzaola Pérez, el militar en retiro y ex candidato a alcalde de Tijuana que enfrenta los señalamientos.
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Lo anterior, luego de que varios medios de comunicación dieran a conocer que la Fiscalía General del Estado consignara ante el Poder Judicial del Estado la investigación en contra por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad y tortura cometidas en contra de un exmiembro de la policía municipal de Tijuana en marzo del 2010.
En su cuenta de Facebook, el también ex jefe policíaco de Ciudad Juárez escribió “espero que como lo hicieron los señores ministros de la Suprema Corte, también en este asunto pongan en su lugar a estos mafiosos que se apoderaron del gobierno bajacaliforniano”.
Leyzaola Pérez destacó que las autoridades administrativas ya le han dado la razón, y por eso confió en que el poder judicial hará lo mismo.
“Celebro que se haya consignado la averiguación, porque así se pone fin a un hostigamiento permanente con cada gobierno que va llegando y se siente amenazado con la posibilidad de pelear conmigo la contienda electoral”, manifestó.
Las acusaciones en su contra surgieron durante su paso como Secretario de Seguridad Pública Municipal, en el trienio del alcalde panista Jorge Ramos Hernández (2007-2010).
De igual forma, a través de un comunicado, organizaciones civiles celebraron la solicitud de orden de aprehensión en contra de Julián Leyzaola por tortura.
“Instamos a las autoridades ministeriales que continuarán con el juicio contra los probables responsables a presentar una acusación clara, sólida y sustentada en las pruebas recabadas y, con pleno respeto a los derechos de debido proceso del acusado para evitar cometer errores procesales que pongan en entredicho el compromiso institucional de terminar con la impunidad y erradicar las prácticas violatorias de derechos humanos en Tijuana y en Baja California2, detalla el texto publicado por la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos .
También argumentan que de la misma forma, exhortan a las autoridades judiciales locales a considerar minuciosamente todos los hechos y las pruebas recabadas bajo un análisis legal, objetivo, e imparcial que garantice los derechos del acusado y de la víctima, además de asegurar que no haya impunidad por las violaciones graves de derechos humanos del expolicía en cuestión.
Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Baja California condenó “enérgicamente” la “pretensión del gobierno de Jaime Bonilla, a través de la Fiscalía General del Estado, de encarcelar al teniente coronel Julián Leyzaola”, para sacarlo de la contienda electoral de 2021.
El presidente de ese instituto político, Abraham Correa, quien calificó como “burda” la estrategia y acusó que se está dando un “uso político a las instancias de procuración de justicia” para judicializar una denuncia contra Leyzaola Pérez y el capitán Gustavo Huerta Martínez por un posible caso de tortura que data de 2010.
Ante ello, dijo, el PRD emprenderá una campaña para defender al ex jefe policíaco contra “una agresión más a la honorabilidad y al desempeño como funcionario público que ha dado resultados en la persona del teniente coronel Julián Leyzaola”.
Julián Leyzaola Pérez fue jefe de la policía en Juárez en la época de la mayor violencia de esa frontera, del año 2011-2014, con el priista Héctor Murguía; además fue víctima de un atentado que lo dejaría parapléjico que lo postró a vivir en una silla de ruedas el pasado 8 de mayo del 2015.
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