/ jueves 19 de diciembre de 2019

Suplica por sus hijos viuda de policía ejecutado

Afirma la madre que la engañaron para que firmara renuncia a beneficios de ley para sus tres hijos al morir el elemento

Por más de 4 años, la señora Anel Jiménez ha tenido que soportar la indiferencia de las autoridades municipales, luego de que la dejarán desprotegida a ella y sus tres hijos, tras el asesinato de su esposo, quien era agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal durante la administración de Enrique Serrano.

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Todo ocurrió en septiembre del 2014, cuando el entonces agente activo de la Estación Universidad, José Manuel Archuleta Guillén, fue sacado con lujo de violencia de su vivienda en Riberas del Bravo, por el entonces titular de la SSPM, César Omar Muñoz Morales, al ser señalado de posesión de droga, sin embargo, recuperó su libertad hora después, al confirmarse su inocencia.

Posteriormente, el preventivo fue suspendido por instrucciones del secretario, para que finalmente, el sábado 9 de enero de 2015 desapareciera sin dejar rastro alguno, dando inicio su familia con su búsqueda por toda la ciudad, hasta ser encontrado sin vida el lunes 11 de enero tirado en Camino Viejo a San José.

Anel recuerda que después de velar el cuerpo de su esposo y darle cristiana sepultura acudió a las instalaciones de la SSPM en donde era Babícora, para recibir su último pago, siendo atendida por personal de la corporación, quienes les dieron a firmar unas hojas.

Ella nunca imaginó que en esos documentos la obligaban a renunciar a todos los beneficios que tenía por ley José Manuel, como su seguro de vida y la póliza de gastos médicos, dejando desprotegidos a sus tres hijos, quienes se quedaron sin nada ante el asesinato de su padre.

"Me dieron unas hojas a firmar, que dizque eran para la pensión, yo no tenía cabeza para nada y no me fijé qué decían, después me entero, cuando volví a ir, que yo había firmado donde renunciaba a estos beneficios", declaró molesta.

La viuda mostró todos los documentos donde se mostraba que su esposo era escolta de confianza de un mando policiaco en Universidad, diplomas de cursos y los documentos entregados por la Fiscalía Zona Norte al momento en que fue puesto a disposición y donde quedaba claro que era inocente, por una mala integración de expediente.

Ella asegura que la droga le fue sembrada, ya que ese día él estaba descansando en su casa con su familia cuando irrumpieron en la vivienda sus compañeros municipales para sacarlo con violencia y después tenerlo encerrado un día en una vivienda, antes de ser puesto a disposición.

Ahora pide que el presidente municipal, Armando Cabada, la escuche y les dé a sus hijos lo que por ley les corresponde y así, puedan tener un buen futuro, ya que ella no tiene los medios para poder sacarlos adelante, al ser de escasos recursos.

Por si esto fuera poco, su esposo también tenía un seguro de vida en Metlife, pero esta afianzadora le retuvo el pago alegando la falta de una mensualidad por 362 pesos, pero Anel cree que fue la misma SSPM la que ordenó le congelaran la póliza.

Ese supuesto pago pendiente es de cuando José Manuel había sido detenido y llevado a la fiscalía, por lo que no pudo cubrirlo, además de que después estaba acudiendo a firmar, ya se había sido suspendido y no separado de su cargo.

Es decir, el agente seguía recibiendo su pago, mientras el área de Asuntos Internos realizaba una investigación por los señalamientos hechos por César Omar, formando aún parte de la Policía Municipal, sin ser dado de baja.

"No es justo que yo esté sufriendo y batallando por algo que él no hizo, pido que me den lo que le corresponde por derecho, es todo, eso es de mis hijos, de sus hijos y se quedaron sin nada", finalizó la entrevista.

Anel mostró todos los documentos donde se demuestra que las pólizas y los seguros le fueron arrebatados, sin embargo, seguirá peleando con la empresa Metlife para que respeten el seguro que les dejó su difunto esposo.

“De primero tenía miedo a decir algo, pero mi familia me ha dicho que eso era un beneficio de mi esposo, que por ley le correspondía, por eso decidí hablar, para ver si alguien me ayuda a resolver mi problema”, dijo.

Al preguntar si su esposo tuvo algún problema con César Omar Muñoz Morales, respondió que él no le platicaba nada de su trabajo, pero nunca lo vio nervioso o le comentó algo que lo angustiara.

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Todo ocurrió en septiembre del 2014, cuando el entonces agente activo de la Estación Universidad, José Manuel Archuleta Guillén, fue sacado con lujo de violencia de su vivienda en Riberas del Bravo, por el entonces titular de la SSPM, César Omar Muñoz Morales, al ser señalado de posesión de droga, sin embargo, recuperó su libertad hora después, al confirmarse su inocencia.

Posteriormente, el preventivo fue suspendido por instrucciones del secretario, para que finalmente, el sábado 9 de enero de 2015 desapareciera sin dejar rastro alguno, dando inicio su familia con su búsqueda por toda la ciudad, hasta ser encontrado sin vida el lunes 11 de enero tirado en Camino Viejo a San José.

Anel recuerda que después de velar el cuerpo de su esposo y darle cristiana sepultura acudió a las instalaciones de la SSPM en donde era Babícora, para recibir su último pago, siendo atendida por personal de la corporación, quienes les dieron a firmar unas hojas.

Ella nunca imaginó que en esos documentos la obligaban a renunciar a todos los beneficios que tenía por ley José Manuel, como su seguro de vida y la póliza de gastos médicos, dejando desprotegidos a sus tres hijos, quienes se quedaron sin nada ante el asesinato de su padre.

"Me dieron unas hojas a firmar, que dizque eran para la pensión, yo no tenía cabeza para nada y no me fijé qué decían, después me entero, cuando volví a ir, que yo había firmado donde renunciaba a estos beneficios", declaró molesta.

La viuda mostró todos los documentos donde se mostraba que su esposo era escolta de confianza de un mando policiaco en Universidad, diplomas de cursos y los documentos entregados por la Fiscalía Zona Norte al momento en que fue puesto a disposición y donde quedaba claro que era inocente, por una mala integración de expediente.

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