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El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno buscará revocar la concesión que tiene la empresa Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) para controlar y administrar la terminal durante 100 años.
"¡Imagínense! Una concesión del puerto de Veracruz de un siglo, ¿Cómo es que firmaron eso?", expresó el mandatario en su conferencia mañanera. "Peña amplió la concesión hasta el 2094, es decir, por un siglo. Ni en el porfiriato. Actuaremos legalmente", advirtió después en su cuenta de Twitter.
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El contrato al que se refirió el mandatario lo firmó el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Emilio Gamboa en febrero de 1994, en la administración de Carlos Salinas. Esa concesión tenía una vigencia de 50 años.
Al final de la administración de Enrique Peña Nieto, el 6 de julio de 2018, la SCT a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, decidió ampliar el título hasta 2094 con el argumento de dar certidumbre financiera y operativa a las empresas interesadas en invertir en la ampliación del puerto.
La ampliación de la terminal más antigua del país está prevista para que concluya en 2030. El anuncio de la extensión del actual puerto se dio desde 2013 y delineaba inversiones totales de 60 mil millones de pesos, de los cuales 35 mil provendrían del sector privado.
En noviembre de 2018 se entregó la primera etapa de esta ampliación, que requirió recursos por 31 mil millones de pesos. La promesa fue que las nuevas instalaciones portuarias tendrían capacidad para recibir barcos que no pasan por el Canal de Panamá.
El proyecto prevé que una vez concluida, la nueva terminal alcance una capacidad de 95 millones de toneladas de carga al año. Entre enero y julio de este año movilizó poco más de 15 millones de toneladas y atendió mil 85 embarcaciones con mercancías diversas que incluyen vehículos, fluidos e hidrocarburos y graneles minerales y agrícolas.
En la terminal operan 23 cesionarios, que incluyen a empresas como Hutchison Ports Icave, Cargill, IEnova, Pemex, Gramosa Alimentos e Infraestructura Portuaria Mexicana, de Grupo Pinfra.
Además, operan 18 líneas navieras como Mediterranean Shipping Company, Golmar, Meritus y Navermar; 20 agencias navieras, 300 agentes aduanales y dos empresas empresas de servicios ferroviarios, Kansas City Southern de México (KCSM) y Ferrosur.
El Presidente anunció desde mediados de julio que la administración de este y el resto de los puertos mexicanos será transferida de la SCT a la Secretaría de Defensa Nacional y la Marina, bajo la premisa de combatir la corrupción y el contrabando de drogas. La reforma para el cambio de mando se enviará al Congreso de la Unión para su discusión y posible aprobación.
Resultado de esta iniciativa, el mandatario designó a Rosa Icela Rodríguez, exsecretaria de Gobierno de la Ciudad de México, como la nueva coordinadora general de Puertos y Marina Mercante.
De acuerdo con lo dicho por el Presidente este martes, fue la propia funcionaria quien le comunicó de la prórroga a la concesión que se dio en julio de 2018.
Consultadas sobre los argumentos para revocar la concesión y las implicaciones de la medida, el área de Comunicación de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante y la Dirección de la Apiver declinaron responder.
Marcelino Tuero, presidente del Cuerpo Consultivo Marino Mercante explicó que si esta concesión fue otorgada legalmente no se puede revocar a menos que exista una compensación, ya que el artículo 23 de la Ley de Puertos permite ampliar la prórroga por el mismo tiempo otorgado en un inicio, si el concesionario presenta su solicitud a más tardar un año antes de la conclusión del contrato.
La Ley de Puertos establece como causales de revocación el incumplimiento por parte del titular de las obligaciones o condiciones pactadas, si interrumpe la operación o servicios al público sin causa justificada; cede permisos, derechos o bienes parte del contrato a algún gobierno o estado extranjero, o no se cubren las contraprestaciones establecidas.
De iniciar una revocación, la SCT debe notifica al titular o representante legal del inicio del procedimiento y las causas. Éste tiene 15 días para hacer valer sus defensas y presentar pruebas, y una vez concluido este periodo la SCT dictará resolución en un plazo no mayor de 30 días hábiles.
Con información de Danytza Flores / Diario de Xalapa y Sarahí Uribe /El Sol de México
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