/ jueves 18 de noviembre de 2021

Morena premia con rectorías a sus candidatos perdedores

Tras no obtener algún cargo de elección popular, políticos llegan a dirigir las universidades tecnológicas

Después del proceso electoral de este año, Morena acomodó en las universidades tecnológicas del país a algunos de sus candidatos que no lograron un cargo popular.

Fundadores del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, precandidatos a las gubernaturas, exdiputados federales y dirigentes locales asumieron los cargos de liderazgo en las universidades dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y ubicadas en entidades ahora morenistas como Michoacán, Sonora, Nayarit, Guerrero, Zacatecas y Tlaxcala.

➡️ En universidades hay 3 mil mdp en el limbo

El Sol de México revisó quiénes son los rectores de las 104 universidades tecnológicas que existen en el país y encontró que en 19 este cargo lo ocupan excandidatos morenistas que participaron en los procesos electorales de los últimos dos años.

Destaca el caso de la exprecandidata de Morena a la gubernatura de Michoacán, Graciela Carmina Andrade García Peláez. Al no lograr ser la abanderada ese partido fue incorporada a la lista de aspirantes a una diputación federal, que tampoco obtuvo. Finalmente, el nuevo gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, la designó como rectora de la Universidad Tecnológica de Morelia.

Andrade está vinculada al actual coordinador de asesores del presidente López Obrador, el también exgobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel. En 2017 fue inhabilitada durante tres años para ocupar cargos públicos debido a que una auditoría local la responsabilizó por el desvío de 80 millones de pesos a la asociación civil Más por Michoacán, vinculada al Partido del Trabajo.

En la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, en Puebla, fue designado Fiacro Luis Torreblanca Coello, candidato suplente del PT a una diputación federal en 2016 y excontralor municipal en San Martín Texmelucan.

En el mismo estado, pero en la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, Miguel Choy López fue destituido por el gobierno local después de ocho meses en el cargo y en su lugar se designó a Margarito Barboza Carrasco, quien era secretario interno del Sindicato de Trabajadores de esa institución.

En la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, Nayarit, fue designada como rectora la exdiputada federal y candidata por Morena a la alcaldía de ese municipio, Carmina Yadira Regalado Mardueño.

Luego de que en enero fuera exhibida en un video en el que aparentemente recibía un fajo de billetes a manos de dos desconocidos, fue retirada de la contienda electoral pero designada en octubre al frente de la universidad.

En la Universidad Tecnológica de Tlaxcala quedó como rector Marco Antonio Castillo Hernández, fundador de Morena en la entidad.

Castillo Hernández fue asesor del exgobernador perredista Alfonso Sánchez Anaya, con gran influencia política en la entidad. El rector ahora forma parte del grupo cercano al coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal.

Marco Antonio Castillo fue postulado por Morena a una diputación federal este año y luego de perder se fue a encabezar la universidad.

En el estado de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo designó, a través de su secretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda Bustamante, a los nuevos titulares de las tecnológicas en Hermosillo, Nogales, Etchojoa y Guaymas.

Entre ellos destaca José Félix Gómez Anduro, aspirante de Morena al municipio de Etchojoa en 2020 y hermano del magistrado del Tribunal Estatal Electoral, Vladimir Gómez Anduro.

Otro caso más es el de la jueza Leodegaria Sánchez, designada por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, como rectora de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de la entidad. La abogada se desempeñó como juzgadora en Iguala en denuncias electorales.

➡️ La UNAM no es tuya: Anaya responde a AMLO tras críticas a la universidad

LIGAS POLÍTICAS

Según las leyes orgánicas de las instituciones tecnológicas, la designación de rector recae en los secretarios de Educación estatales con el aval del gobernador en turno y duran en su cargo cuatro años.

Sin embargo, en la revisión que hizo este medio se advierte que en la renovación de esas rectorías la decisión está sujeta a acuerdos políticos y hay funcionarios que permanecen en el cargo después de dos décadas, con la aprobación de los gobernadores.

Durante tres días se solicitó una postura al área de comunicación de la SEP, de quien dependen presupuestalmente las universidades tecnológicas, pero no contestaron las llamadas telefónicas. También se consultó directamente a la oficina del subsecretario de Educación Superior, pero comentaron que podrían emitir una postura una vez que concluyan las “presentaciones” de la secretaria Delfina Gómez ante el Congreso de la Unión.

“No me sorprende y sí me preocupa que quienes llegan al nuevo gobierno están tirando por la borda el trabajo de quienes sí están realizando un trabajo académico. No es que no haya ligas políticas entre rectores y gobernadores, que pasa en las autónomas, pero hay que buscar a las personas más capaces. Lo ideal sería que las instituciones gocen de cierta autonomía de gestión para fortalecer procesos y proyectos institucionales”, consideró Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, del departamento de Investigaciones Educativas.

La investigadora de estas universidades tecnológicas señaló que es “preocupante el doble discurso” del gobierno federal que “exige procesos más abiertos en unas instituciones y en este caso se trate sólo de buscar acomodo político a la gente que no pudo obtener un cargo de elección popular, o a quien se le debía el puesto y no encontró otra forma. Me parece una pésima señal para el subsistema, porque son instituciones que no tienen los mejores presupuestos”.

Desde hace poco más de un mes el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó diversos cuestionamientos a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y demandó reformas a la institución para incluso elegir a sus autoridades.

Maldonado señala que en el caso de las universidades tecnológicas se requiere consolidar a las instituciones, “fortalecer los procesos, que se pongan candados para que no llegue un gobernador y entonces se cambie a los rectores. En la medida que las instituciones se hagan fuertes podríamos evitar este tipo de componendas políticas que no ayudan a nadie. Ahorita es Morena, pero antes (fue) el PRI y previo fue el PAN”.

Indicó que es en la SEP donde se tendría que dar respuesta a este tipo de cambios. “Se debe poner claridad a las normas para definir el perfil de quiénes deben ser rectores, obviamente las autónomas tienen criterios y los podemos discutir, pero no puedes estar removiendo a los rectores de no sabemos a partir de qué criterios o definir cuáles son las causas de remoción”.

Añadió que se trata de instituciones que atienden a la población menos favorecida del país, en su mayoría jóvenes que no habían encontrado espacio en otras instituciones de educación superior.

El año pasado, Organización Editorial Mexicana dio a conocer que el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, argumentó que los rectores eran “operadores políticos del PAN y el PRI” y destituyó a los de Huejotzingo, Izúcar de Matamoros y Puebla. Dejó al de Tehuacán.




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Después del proceso electoral de este año, Morena acomodó en las universidades tecnológicas del país a algunos de sus candidatos que no lograron un cargo popular.

Fundadores del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, precandidatos a las gubernaturas, exdiputados federales y dirigentes locales asumieron los cargos de liderazgo en las universidades dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y ubicadas en entidades ahora morenistas como Michoacán, Sonora, Nayarit, Guerrero, Zacatecas y Tlaxcala.

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El Sol de México revisó quiénes son los rectores de las 104 universidades tecnológicas que existen en el país y encontró que en 19 este cargo lo ocupan excandidatos morenistas que participaron en los procesos electorales de los últimos dos años.

Destaca el caso de la exprecandidata de Morena a la gubernatura de Michoacán, Graciela Carmina Andrade García Peláez. Al no lograr ser la abanderada ese partido fue incorporada a la lista de aspirantes a una diputación federal, que tampoco obtuvo. Finalmente, el nuevo gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, la designó como rectora de la Universidad Tecnológica de Morelia.

Andrade está vinculada al actual coordinador de asesores del presidente López Obrador, el también exgobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel. En 2017 fue inhabilitada durante tres años para ocupar cargos públicos debido a que una auditoría local la responsabilizó por el desvío de 80 millones de pesos a la asociación civil Más por Michoacán, vinculada al Partido del Trabajo.

En la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, en Puebla, fue designado Fiacro Luis Torreblanca Coello, candidato suplente del PT a una diputación federal en 2016 y excontralor municipal en San Martín Texmelucan.

En el mismo estado, pero en la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, Miguel Choy López fue destituido por el gobierno local después de ocho meses en el cargo y en su lugar se designó a Margarito Barboza Carrasco, quien era secretario interno del Sindicato de Trabajadores de esa institución.

En la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, Nayarit, fue designada como rectora la exdiputada federal y candidata por Morena a la alcaldía de ese municipio, Carmina Yadira Regalado Mardueño.

Luego de que en enero fuera exhibida en un video en el que aparentemente recibía un fajo de billetes a manos de dos desconocidos, fue retirada de la contienda electoral pero designada en octubre al frente de la universidad.

En la Universidad Tecnológica de Tlaxcala quedó como rector Marco Antonio Castillo Hernández, fundador de Morena en la entidad.

Castillo Hernández fue asesor del exgobernador perredista Alfonso Sánchez Anaya, con gran influencia política en la entidad. El rector ahora forma parte del grupo cercano al coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal.

Marco Antonio Castillo fue postulado por Morena a una diputación federal este año y luego de perder se fue a encabezar la universidad.

En el estado de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo designó, a través de su secretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda Bustamante, a los nuevos titulares de las tecnológicas en Hermosillo, Nogales, Etchojoa y Guaymas.

Entre ellos destaca José Félix Gómez Anduro, aspirante de Morena al municipio de Etchojoa en 2020 y hermano del magistrado del Tribunal Estatal Electoral, Vladimir Gómez Anduro.

Otro caso más es el de la jueza Leodegaria Sánchez, designada por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, como rectora de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de la entidad. La abogada se desempeñó como juzgadora en Iguala en denuncias electorales.

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Según las leyes orgánicas de las instituciones tecnológicas, la designación de rector recae en los secretarios de Educación estatales con el aval del gobernador en turno y duran en su cargo cuatro años.

Sin embargo, en la revisión que hizo este medio se advierte que en la renovación de esas rectorías la decisión está sujeta a acuerdos políticos y hay funcionarios que permanecen en el cargo después de dos décadas, con la aprobación de los gobernadores.

Durante tres días se solicitó una postura al área de comunicación de la SEP, de quien dependen presupuestalmente las universidades tecnológicas, pero no contestaron las llamadas telefónicas. También se consultó directamente a la oficina del subsecretario de Educación Superior, pero comentaron que podrían emitir una postura una vez que concluyan las “presentaciones” de la secretaria Delfina Gómez ante el Congreso de la Unión.

“No me sorprende y sí me preocupa que quienes llegan al nuevo gobierno están tirando por la borda el trabajo de quienes sí están realizando un trabajo académico. No es que no haya ligas políticas entre rectores y gobernadores, que pasa en las autónomas, pero hay que buscar a las personas más capaces. Lo ideal sería que las instituciones gocen de cierta autonomía de gestión para fortalecer procesos y proyectos institucionales”, consideró Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, del departamento de Investigaciones Educativas.

La investigadora de estas universidades tecnológicas señaló que es “preocupante el doble discurso” del gobierno federal que “exige procesos más abiertos en unas instituciones y en este caso se trate sólo de buscar acomodo político a la gente que no pudo obtener un cargo de elección popular, o a quien se le debía el puesto y no encontró otra forma. Me parece una pésima señal para el subsistema, porque son instituciones que no tienen los mejores presupuestos”.

Desde hace poco más de un mes el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó diversos cuestionamientos a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y demandó reformas a la institución para incluso elegir a sus autoridades.

Maldonado señala que en el caso de las universidades tecnológicas se requiere consolidar a las instituciones, “fortalecer los procesos, que se pongan candados para que no llegue un gobernador y entonces se cambie a los rectores. En la medida que las instituciones se hagan fuertes podríamos evitar este tipo de componendas políticas que no ayudan a nadie. Ahorita es Morena, pero antes (fue) el PRI y previo fue el PAN”.

Indicó que es en la SEP donde se tendría que dar respuesta a este tipo de cambios. “Se debe poner claridad a las normas para definir el perfil de quiénes deben ser rectores, obviamente las autónomas tienen criterios y los podemos discutir, pero no puedes estar removiendo a los rectores de no sabemos a partir de qué criterios o definir cuáles son las causas de remoción”.

Añadió que se trata de instituciones que atienden a la población menos favorecida del país, en su mayoría jóvenes que no habían encontrado espacio en otras instituciones de educación superior.

El año pasado, Organización Editorial Mexicana dio a conocer que el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, argumentó que los rectores eran “operadores políticos del PAN y el PRI” y destituyó a los de Huejotzingo, Izúcar de Matamoros y Puebla. Dejó al de Tehuacán.




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