/ miércoles 8 de diciembre de 2021

Corrupción le costó a México más de 12 mil millones de pesos: Inegi

El instituto destaca que gente y empresas experimentaron corrupción al tener contacto con alguna autoridad de seguridad pública

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que la población mexicana pagó 12 mil 769.7 millones de pesos, es decir, 64.1 por ciento más que en 2017 por la corrupción.

Además, cada persona que fue víctima de corrupción tuvo que desembolsar 3 mil 822 pesos en promedio. Unos mil 372 pesos más que en 2017.

Aunque, el Inegi señaló que entre los años de 2016 y 2020 se observó, que hubo una disminución de casi 50 por ciento en el monto promedio que las empresas erogaron por actos de corrupción y de pagar, en promedio 14 mil 535 pesos en 2016, pagaron unos 7 mil 419 pesos, en 2020.

El Inegi también dio a conocer que desde el año 2013 y hasta el 2020, “se observa un aumento sostenido de la prevalencia de corrupción que vivieron las personas” e indica que este mal tenía una incidencia de 12.1 por ciento hace 8 años y creció hasta el año pasado en un 15.7 por ciento.

De acuerdo con la información proveniente de diversos censos realizados por el Inegi, se indica que más de la mitad de los mexicanos mayores de 15 años, es decir el 54.6 por ciento, reconoció que la corrupción es uno de los tres principales problemas que enfrentó el país en 2020.

Pandemia encarece transporte marítimo de mercancías

El instituto destaca que la gente y empresas consultadas experimentaron corrupción con más frecuencia al tener contacto con alguna autoridad de seguridad pública o de justicia, “ya sea para denunciar la ocurrencia de un delito, faltas a la moral o administrativas, por infracciones o detenciones por riñas”.

En cuanto a los funcionarios federales sancionados por este ilícito en 2019, se advierte que el nivel de impunidad es muy alto en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues solo el 4.5 por ciento de las denuncias presentadas fue procedente, el 54.5 está pendiente de atención y el 36.9 por ciento se declaró como no procedente y, otro 4 por ciento fue derivada a otra autoridad.

No así, en el ámbito estatal, donde el 44.7 por ciento de las denuncias presentadas en los estados contra funcionarios locales procedió, el 23.8 por ciento se derivó a otra autoridad y, solo el 17.1 por ciento se declaró como no procedente. Mientras que el 10 por ciento restante está pendiente de atención.

Según el Censo Nacional de Gobierno Federal 2021: En el año 2019, unos 6 mil 154 servidores públicos fueron sancionados y el 44.6 por ciento de ellos estaban adscritos a instituciones federales, mientras que el 55.4 por ciento a las administraciones públicas estatales, que en su mayoría fueron sancionados por faltas no graves.

Las estadísticas presentadas por el Inegi también muestran que 59 de cada 100 personas adultas que tuvieron contacto con servidores públicos en 2019, fueron víctima de la corrupción; mientras que, las empresas víctimas de soborno presentaron un ligero descenso de casos de 0.5 por ciento en los últimos 4 años.

Reveló además que el 62.1 por ciento de los mexicanos mayores de edad, considera que en 2019 hubo corrupción en trámites públicos y que, el 15.7 por ciento de la población mayor de 18 años del país, corroboró que fue víctima de algún servidor público corrupto.

El delito de corrupción o cohecho, indica el Código Penal Federal que se trata de un ilícito cometido por servidores públicos que solicitan dinero o cualquier beneficio para sí o incluso para un tercero, así como otorgar beneficios o contratos de obra a determinadas empresas o personas.

Este delito varía en su castigo, de acuerdo con lo exigido o la dádiva recibida por el funcionario corrupto en cuestión y, puede ir desde 3 meses de prisión, hasta 14 años. Además de una multa que va desde los 500 UMAs (44 mil 810 pesos) a los cien días de salario.

➡ Ordenan a la FGR entregar información sobre funcionarios ligados al caso Odebrecht

El INEGI mostró que en el caso de las empresas víctimas de corrupción, se ha mantenido el nivel respecto a 2016, es decir que no ha disminuido con la nueva administración este delito y que, para el 5.1 por ciento de las industrias realizar algún trámite, implica toparse con algún funcionario que pide dinero o beneficios para agilizarlo.

Por lo que respecta a la corrupción en las entidades de la federación, se observó que entre 2017 y 2019, Durango, Quintana Roo, Guanajuato y Puebla fueron las entidades donde se observaron los mayores aumentos en el porcentaje de personas víctimas de corrupción; mientras que en Querétaro, Chihuahua y Tabasco los niveles de corrupción presentaron mayor disminución.

Además, destaca que, en las entidades de Durango, Ciudad de México, México y Quintana Roo es tres veces más probable ser víctimas de corrupción que en Tamaulipas, Baja California Sur, Colima o Zacatecas.

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En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que la población mexicana pagó 12 mil 769.7 millones de pesos, es decir, 64.1 por ciento más que en 2017 por la corrupción.

Además, cada persona que fue víctima de corrupción tuvo que desembolsar 3 mil 822 pesos en promedio. Unos mil 372 pesos más que en 2017.

Aunque, el Inegi señaló que entre los años de 2016 y 2020 se observó, que hubo una disminución de casi 50 por ciento en el monto promedio que las empresas erogaron por actos de corrupción y de pagar, en promedio 14 mil 535 pesos en 2016, pagaron unos 7 mil 419 pesos, en 2020.

El Inegi también dio a conocer que desde el año 2013 y hasta el 2020, “se observa un aumento sostenido de la prevalencia de corrupción que vivieron las personas” e indica que este mal tenía una incidencia de 12.1 por ciento hace 8 años y creció hasta el año pasado en un 15.7 por ciento.

De acuerdo con la información proveniente de diversos censos realizados por el Inegi, se indica que más de la mitad de los mexicanos mayores de 15 años, es decir el 54.6 por ciento, reconoció que la corrupción es uno de los tres principales problemas que enfrentó el país en 2020.

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El instituto destaca que la gente y empresas consultadas experimentaron corrupción con más frecuencia al tener contacto con alguna autoridad de seguridad pública o de justicia, “ya sea para denunciar la ocurrencia de un delito, faltas a la moral o administrativas, por infracciones o detenciones por riñas”.

En cuanto a los funcionarios federales sancionados por este ilícito en 2019, se advierte que el nivel de impunidad es muy alto en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues solo el 4.5 por ciento de las denuncias presentadas fue procedente, el 54.5 está pendiente de atención y el 36.9 por ciento se declaró como no procedente y, otro 4 por ciento fue derivada a otra autoridad.

No así, en el ámbito estatal, donde el 44.7 por ciento de las denuncias presentadas en los estados contra funcionarios locales procedió, el 23.8 por ciento se derivó a otra autoridad y, solo el 17.1 por ciento se declaró como no procedente. Mientras que el 10 por ciento restante está pendiente de atención.

Según el Censo Nacional de Gobierno Federal 2021: En el año 2019, unos 6 mil 154 servidores públicos fueron sancionados y el 44.6 por ciento de ellos estaban adscritos a instituciones federales, mientras que el 55.4 por ciento a las administraciones públicas estatales, que en su mayoría fueron sancionados por faltas no graves.

Las estadísticas presentadas por el Inegi también muestran que 59 de cada 100 personas adultas que tuvieron contacto con servidores públicos en 2019, fueron víctima de la corrupción; mientras que, las empresas víctimas de soborno presentaron un ligero descenso de casos de 0.5 por ciento en los últimos 4 años.

Reveló además que el 62.1 por ciento de los mexicanos mayores de edad, considera que en 2019 hubo corrupción en trámites públicos y que, el 15.7 por ciento de la población mayor de 18 años del país, corroboró que fue víctima de algún servidor público corrupto.

El delito de corrupción o cohecho, indica el Código Penal Federal que se trata de un ilícito cometido por servidores públicos que solicitan dinero o cualquier beneficio para sí o incluso para un tercero, así como otorgar beneficios o contratos de obra a determinadas empresas o personas.

Este delito varía en su castigo, de acuerdo con lo exigido o la dádiva recibida por el funcionario corrupto en cuestión y, puede ir desde 3 meses de prisión, hasta 14 años. Además de una multa que va desde los 500 UMAs (44 mil 810 pesos) a los cien días de salario.

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Por lo que respecta a la corrupción en las entidades de la federación, se observó que entre 2017 y 2019, Durango, Quintana Roo, Guanajuato y Puebla fueron las entidades donde se observaron los mayores aumentos en el porcentaje de personas víctimas de corrupción; mientras que en Querétaro, Chihuahua y Tabasco los niveles de corrupción presentaron mayor disminución.

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