/ martes 27 de julio de 2021

Inocente encarcelado: fabricación de delito lo llevó a prisión, donde se convirtió en abogado

Ahora litiga los casos de excompañeros de cárcel que llegaron ahí por crímenes que no cometieron

La idea en su cabeza lo mantuvo tranquilo camino al Ministerio Público, todo era un malentendido y pronto tendría solución porque era inocente. “No pasa nada, esto se va resolver”, se dijo Frumencio Peña por dentro. Luego de dos días ahí, al ser trasladado al Reclusorio Oriente en la Ciudad de México continuó apacible, con la misma percepción de que saldría del problema. No fue así.

El juez rompió con su sosiego y luego de pasar seis meses encarcelado le dictó sentencia de 13 años y medio por los delitos de robo y extorsión. Algo que no cometió.

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Tras pasar por el área de ingreso y llegar a la zona de población, un compañero le comentó que dentro del penal podía realizar estudios de licenciatura. Resultaba una buena oportunidad para llenar el tiempo que estaría privado de la libertad y ocuparlo en algo productivo para no caer en depresión, adicciones o ser atraído por la delincuencia del lugar.

Para estudiar sólo tenía dos opciones: ciencias políticas y administración urbana o derecho. Optó por esta última.

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La formación profesional que se impartía era por un convenio entre el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El penal apenas contaba con dos salones; la universidad llevó los pizarrones y el mobiliario. Las clases se impartían lunes, miércoles y viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde, para no interponerse con los días de visita, que eran los restantes. El plan de estudios consistía en cubrir 50 materias en 10 semestres.

Para Frumencio el trato con los profesores era muy humano. Durante las fechas decembrinas los maestros, junto con los estudiantes encarcelados, organizaban posadas amenizadas con música, o en alguna otra celebración realizaban convivios. Eran actividades que rompían con la dinámica del sistema penitenciario, y por un momento los hacía olvidar su encierro. Sin embargo, al aterrizar a la realidad volvían a coexistir con la corrupción que imperaba dentro de la cárcel.

Peña Tapia debía pagar 10 pesos diarios por el pase de lista, aunque para otros reos la cuota era hasta de 100 pesos, según el delito o los antecedentes criminales. El día de la visita familiar los custodios cobraban el “peaje” de cinco, 10 o hasta 30 pesos para que los reos pudieran trasladarse de los dormitorios a dicha área de convivencia.

Si los presos tenían la necesidad de utilizar las casetas telefónicas públicas, primero debían tener una tarjeta, y la descolgada les costaba cinco pesos. Éstas apenas eran algunas de las artimañas para sacar provecho económico a costa de los presos.

“Debes entrarle con las ‘cooperaciones’ y la coacción, ahí no hay hacia dónde corras. Aunque le marques a tu abogado, a tu familia, difícilmente van a hacer algo. La Comisión de Derechos Humanos no va a intervenir, no va a haber un cambio. Es muy difícil quedar exento. Se las han gastado para inventar tarifas hasta para respirar”, lamenta Frumencio, quien tiene casi tres años en libertad al obtener un beneficio por buen comportamiento que le redujo la sentencia a 11 años.

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No fue fácil obtener su libertad anticipada, sobre todo porque el juez evaluó distintas condiciones. En sus argumentos señaló que el reo, al tener una licenciatura e iniciar una maestría, le representaba un proyecto laboral afuera. Sin embargo, observaba que no tenía un curso de herrería, peluquería u otro oficio.

Para Frumencio, que se convirtió en abogado, parecía tan absurdo que le pidieran alguno de esos cursos y oficios. No los iba a hacer, porque su perfil estaba enfocado en otras actividades y estudios.

Así que tuvo que entrarle a la corrupción interna, pagar para que lo registraran como si estuviera tomando las capacitaciones y así le entregaran un documento que las avalara. Tardó cuatro años desde su petición hasta que fue liberado.

En lugar de ocupar el tiempo en esas actividades, lo empleó en realizar una maestría en Derecho Procesal, avalada por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal (INDEPAC). En ésta a los alumnos les llevaban tabletas cargadas con los archivos, libros y demás material de consulta; al final de cada mes acudía un profesor para disipar dudas y darles asesorías.

Al ser asesor educativo interactuó con muchos de sus compañeros, eso le sirvió para obtener dinero y pagar sus estudios durante su tiempo de reclusión. Desde sus primeros semestres en la licenciatura tuvo la oportunidad de asesorar a uno de ellos y redactar un oficio a mano. “Que tus familiares lo redacten en la computadora, lo impriman y lo lleven al juzgado”, le dijo.

Tiempo después con ese documento le decretaron libertad al reo. “Suerte de principiante”, le llama Frumencio Tapia. El rumor se corrió y varios presos comenzaron buscarlo para pedir asesorías legales y así él generaba ingresos.

Antes de que le otorgaran la libertad llevaba los procesos de varios presos, mismos que continúa ahora desde el exterior. En sus defensorías legales ha logrado que varios sean absueltos o disminuir sus condenas.

Uno de ellos, un tipo que iba alcoholizado y un taxista lo acusó de robo. Otro fue un joven veracruzano, que al llegar a la Ciudad de México comenzó a trabajar como albañil en una obra donde también pernoctaba. Una ocasión al salir a divertirse con un par de compañeros y regresar alcoholizados comenzaron a pelear los otros dos. La muerte de uno puso fin al pleito. El joven no intervino, pero lo acusaron de homicidio.

En ambas historias el abogado logró que fueran liberados. Eran inocentes.

La puerta del Reclusorio Oriente rechinó al abrirse la noche del 2 de febrero de 2018 cuando Frumencio Peña dio unos pasos afuera tras quedar libre. Al caminar miró hacia atrás y supo que no desaprovechó el tiempo que estuvo encarcelado injustamente. Todo por detener su vehículo cerca de la avenida Ermita-Iztapalapa y evitar arrollar a unos sujetos que discutían a media calle y no lo dejaban pasar.

Ese 5 de junio de 2007 volvía de dejar unos oficios del mismo reclusorio que un par de días después le daría la bienvenida. Al ser agente de la Procuraduría General de la República (PGR), Peña Tapia descendió para intentar calmar los ánimos, que se debían a que un cliente reclamó por la venta de unos teléfonos a un par de comerciantes ambulantes. Entre la disputa a él lo involucraron los vendedores y acusaron de robarles 300 pesos de la venta, además de extorsionarlos.

Ingenuo y sin ningún temor acudió al Ministerio Público para aclarar la situación. Gran error. El padre de los jóvenes comerciantes tenía contactos con autoridades ministeriales.

A los policías que lo detuvieron los obligaron a declarar en su contra al decir que participó en un hecho delictivo: robo y extorsión. Así le cuadraron el delito.

Han transcurrido tres años de estar libre. Frumencio Peña continúa ingresando al Reclusorio Oriente, aunque ahora es para defender a su excompañeros reos y nuevos reclusos que solicitan sus servicios. Sobre todo, a quienes les han fabricado delitos como a él le hicieron.



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La idea en su cabeza lo mantuvo tranquilo camino al Ministerio Público, todo era un malentendido y pronto tendría solución porque era inocente. “No pasa nada, esto se va resolver”, se dijo Frumencio Peña por dentro. Luego de dos días ahí, al ser trasladado al Reclusorio Oriente en la Ciudad de México continuó apacible, con la misma percepción de que saldría del problema. No fue así.

El juez rompió con su sosiego y luego de pasar seis meses encarcelado le dictó sentencia de 13 años y medio por los delitos de robo y extorsión. Algo que no cometió.

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Tras pasar por el área de ingreso y llegar a la zona de población, un compañero le comentó que dentro del penal podía realizar estudios de licenciatura. Resultaba una buena oportunidad para llenar el tiempo que estaría privado de la libertad y ocuparlo en algo productivo para no caer en depresión, adicciones o ser atraído por la delincuencia del lugar.

Para estudiar sólo tenía dos opciones: ciencias políticas y administración urbana o derecho. Optó por esta última.

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La formación profesional que se impartía era por un convenio entre el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El penal apenas contaba con dos salones; la universidad llevó los pizarrones y el mobiliario. Las clases se impartían lunes, miércoles y viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde, para no interponerse con los días de visita, que eran los restantes. El plan de estudios consistía en cubrir 50 materias en 10 semestres.

Para Frumencio el trato con los profesores era muy humano. Durante las fechas decembrinas los maestros, junto con los estudiantes encarcelados, organizaban posadas amenizadas con música, o en alguna otra celebración realizaban convivios. Eran actividades que rompían con la dinámica del sistema penitenciario, y por un momento los hacía olvidar su encierro. Sin embargo, al aterrizar a la realidad volvían a coexistir con la corrupción que imperaba dentro de la cárcel.

Peña Tapia debía pagar 10 pesos diarios por el pase de lista, aunque para otros reos la cuota era hasta de 100 pesos, según el delito o los antecedentes criminales. El día de la visita familiar los custodios cobraban el “peaje” de cinco, 10 o hasta 30 pesos para que los reos pudieran trasladarse de los dormitorios a dicha área de convivencia.

Si los presos tenían la necesidad de utilizar las casetas telefónicas públicas, primero debían tener una tarjeta, y la descolgada les costaba cinco pesos. Éstas apenas eran algunas de las artimañas para sacar provecho económico a costa de los presos.

“Debes entrarle con las ‘cooperaciones’ y la coacción, ahí no hay hacia dónde corras. Aunque le marques a tu abogado, a tu familia, difícilmente van a hacer algo. La Comisión de Derechos Humanos no va a intervenir, no va a haber un cambio. Es muy difícil quedar exento. Se las han gastado para inventar tarifas hasta para respirar”, lamenta Frumencio, quien tiene casi tres años en libertad al obtener un beneficio por buen comportamiento que le redujo la sentencia a 11 años.

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No fue fácil obtener su libertad anticipada, sobre todo porque el juez evaluó distintas condiciones. En sus argumentos señaló que el reo, al tener una licenciatura e iniciar una maestría, le representaba un proyecto laboral afuera. Sin embargo, observaba que no tenía un curso de herrería, peluquería u otro oficio.

Para Frumencio, que se convirtió en abogado, parecía tan absurdo que le pidieran alguno de esos cursos y oficios. No los iba a hacer, porque su perfil estaba enfocado en otras actividades y estudios.

Así que tuvo que entrarle a la corrupción interna, pagar para que lo registraran como si estuviera tomando las capacitaciones y así le entregaran un documento que las avalara. Tardó cuatro años desde su petición hasta que fue liberado.

En lugar de ocupar el tiempo en esas actividades, lo empleó en realizar una maestría en Derecho Procesal, avalada por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal (INDEPAC). En ésta a los alumnos les llevaban tabletas cargadas con los archivos, libros y demás material de consulta; al final de cada mes acudía un profesor para disipar dudas y darles asesorías.

Al ser asesor educativo interactuó con muchos de sus compañeros, eso le sirvió para obtener dinero y pagar sus estudios durante su tiempo de reclusión. Desde sus primeros semestres en la licenciatura tuvo la oportunidad de asesorar a uno de ellos y redactar un oficio a mano. “Que tus familiares lo redacten en la computadora, lo impriman y lo lleven al juzgado”, le dijo.

Tiempo después con ese documento le decretaron libertad al reo. “Suerte de principiante”, le llama Frumencio Tapia. El rumor se corrió y varios presos comenzaron buscarlo para pedir asesorías legales y así él generaba ingresos.

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