/ miércoles 13 de mayo de 2020

Inteligencia Financiera investiga a José Narro

Los senadores de oposición afirmaron que se debe de llegar al fondo también en las denuncias que presentó el exsecretario de Salud

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) alista una denuncia en contra de la administración del exsecretario de Salud, José Narro Robles por posibles actos de corrupción luego de que desde hace más de un mes se iniciaron investigaciones sobre su actuación.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó a El Sol de México que se avanzó en la investigación iniciada al concluir la administración de José Narro Robles al frente de la Secretaría de Salud, en el periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto, y se están configurando denuncias por los presuntos actos de corrupción.

La semana pasada, Narro Robles retó a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para conocer cuántas denuncias se habían presentado en su contra, y aseguró que durante su gestión interpuso 70 denuncias en la entonces Procuraduría General de la República en las que responsabilizaba a 15 diferentes gobiernos estatales sobre presuntos desvíos de recursos públicos.

En la comparecencia de Narro ante la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del VI Informe de Gobierno, en octubre de 2018, dijo que durante su gestión se presentaron ante la PGR 70 denuncias por desvíos de recursos por más de mil 150 millones de pesos, entre otros, en los estados de Veracruz, Michoacán y Jalisco.

Ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera realiza una investigación directa sobre la gestión del funcionario y de su equipo de trabajo.

El 6 de junio del año pasado, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el secretario de Salud, Jorge Alcocer aseguró que en el país hay 306 obras, entre hospitales y centros de salud, que “quedaron inconclusas, con un promedio de abandono de 6.4 años”.

Las consecuencias de ello, dijo, se traducen en la saturación de los servicios, retraso en el otorgamiento de consultas a los pacientes y más gastos en la regulación de la atención.

Alcocer Varela detalló que las obras fueron suspendidas por diversos motivos, entre los que mencionó la carencia de financiamiento, de plantilla laboral y de certificación por incumplimiento de la normatividad en salud, así como de las empresas constructoras. Todo ello, afirmó, aunado a la nula transparencia y, en algunos casos, a la corrupción.

Al consultar con la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a las 70 denuncias penales que interpuso el exsecretario de Salud, José Narro contra funcionarios de 15 entidades, indicaron que buscarán en las delegaciones de los estados para ver el status de las denuncias penales interpuestas.

El procedimiento señala que cuando se levanta una denuncia penal en los estados, son las delegaciones metropolitanas de la FGR, ubicadas en cada entidad, las encargadas de iniciar las respectivas carpetas de investigación y llevar el seguimiento de las investigaciones.

De acuerdo con los últimos reportes de la Auditoría Superior de la Federación se realizaron revisiones a los montos asignados a obras de remodelación y construcción de unidades hospitalarias, por ejemplo, las acciones que se realizaron en el Hospital General de Matamoros, en el estado de Tamaulipas y el Hospital de Especialidades de Chetumal, en Quintana Roo, ahí la auditoría determinó en el año 2018 que quedaban 371 millones 433 mil 944.03 pesos pendientes por aclarar.

En las revisiones también se incluyen temas como la revisión al programa de Vacunación Universal en el año 2017, en donde se verificó el presupuesto asignado al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, y la auditoría determinó iniciar 12 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria en contra de funcionarios de esa gestión debido a las diversas irregularidades.

El CENSIA no aplicó una deducción al pago del proveedor por 340 dosis no entregadas; asimismo, no acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación en virtud de la aplicación de penas convencionales debido a que el proveedor suministró las dosis de vacunas con fecha posterior a la estipulada en el contrato.

Al respecto, los senadores Alejandra Reynoso Sánchez y Miguel Ángel Mancera, exigieron una investigación a fondo también de las 70 denuncias por desvíos de recursos –alrededor de mil 150 millones de pesos- que en su momento presentó la Secretaría de Salud, encabezada por José Narro, ante la PGR.

“El primero de los que tenían pendientes era Chiapas”, dijo la panista, por tanto, que haya un seguimiento a los expedientes, a las carpetas abiertas, enfatizó.

Por su parte, el coordinador parlamentario del PRD, el senador Miguel Ángel Mancera, explicó que ante denuncias del entonces secretario Narro, todas y cada una de ellas deben tener un trámite y un número de carpeta de investigación, “seguramente están en curso de integración, en virtud de la secrecía, puede ser que la FGR esté integrando algunas de ellas o que haya resuelto”, planteó.

Con información de Elena Michel y Gabriel Xantomila


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La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) alista una denuncia en contra de la administración del exsecretario de Salud, José Narro Robles por posibles actos de corrupción luego de que desde hace más de un mes se iniciaron investigaciones sobre su actuación.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó a El Sol de México que se avanzó en la investigación iniciada al concluir la administración de José Narro Robles al frente de la Secretaría de Salud, en el periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto, y se están configurando denuncias por los presuntos actos de corrupción.

La semana pasada, Narro Robles retó a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para conocer cuántas denuncias se habían presentado en su contra, y aseguró que durante su gestión interpuso 70 denuncias en la entonces Procuraduría General de la República en las que responsabilizaba a 15 diferentes gobiernos estatales sobre presuntos desvíos de recursos públicos.

En la comparecencia de Narro ante la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del VI Informe de Gobierno, en octubre de 2018, dijo que durante su gestión se presentaron ante la PGR 70 denuncias por desvíos de recursos por más de mil 150 millones de pesos, entre otros, en los estados de Veracruz, Michoacán y Jalisco.

Ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera realiza una investigación directa sobre la gestión del funcionario y de su equipo de trabajo.

El 6 de junio del año pasado, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el secretario de Salud, Jorge Alcocer aseguró que en el país hay 306 obras, entre hospitales y centros de salud, que “quedaron inconclusas, con un promedio de abandono de 6.4 años”.

Las consecuencias de ello, dijo, se traducen en la saturación de los servicios, retraso en el otorgamiento de consultas a los pacientes y más gastos en la regulación de la atención.

Alcocer Varela detalló que las obras fueron suspendidas por diversos motivos, entre los que mencionó la carencia de financiamiento, de plantilla laboral y de certificación por incumplimiento de la normatividad en salud, así como de las empresas constructoras. Todo ello, afirmó, aunado a la nula transparencia y, en algunos casos, a la corrupción.

Al consultar con la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a las 70 denuncias penales que interpuso el exsecretario de Salud, José Narro contra funcionarios de 15 entidades, indicaron que buscarán en las delegaciones de los estados para ver el status de las denuncias penales interpuestas.

El procedimiento señala que cuando se levanta una denuncia penal en los estados, son las delegaciones metropolitanas de la FGR, ubicadas en cada entidad, las encargadas de iniciar las respectivas carpetas de investigación y llevar el seguimiento de las investigaciones.

De acuerdo con los últimos reportes de la Auditoría Superior de la Federación se realizaron revisiones a los montos asignados a obras de remodelación y construcción de unidades hospitalarias, por ejemplo, las acciones que se realizaron en el Hospital General de Matamoros, en el estado de Tamaulipas y el Hospital de Especialidades de Chetumal, en Quintana Roo, ahí la auditoría determinó en el año 2018 que quedaban 371 millones 433 mil 944.03 pesos pendientes por aclarar.

En las revisiones también se incluyen temas como la revisión al programa de Vacunación Universal en el año 2017, en donde se verificó el presupuesto asignado al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, y la auditoría determinó iniciar 12 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria en contra de funcionarios de esa gestión debido a las diversas irregularidades.

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