/ viernes 8 de abril de 2022

Corte Interamericana ordena a Perú abstenerse de liberar al expresidente Alberto Fujimori

Fujimori, quien gobernó de 1990 a 2000, fue condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad tras ser extraditado desde Chile en 2007

La Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció una resolución que pide a Perú "abstenerse de implementar" una sentencia que permite la liberación del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad.

Según la Corte, la decisión del Tribunal Constitucional de Perú "no efectuó una ponderación que tomara en cuenta la afectación que tiene el indulto por graves violaciones a los derechos humanos en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares".

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"Más aún, el Tribunal Constitucional efectuó un pronunciamiento que restituyó los efectos de un indulto 'por razones humanitarias' otorgado cuatro años atrás, sin valorar información actualizada sobre la situación de salud del condenado", agregó la Corte.

Fujimori, quien gobernó de 1990 a 2000, fue condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad tras ser extraditado desde Chile en 2007.

El exmandatario es el único preso del pequeño penal Barbadillo, ubicado en el cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima. Ahí cultiva flores, pinta cuadros al óleo y recibe visitas familiares.

El pasado 1 de abril, Perú aseguró que acatará cualquier decisión de la Corte Interamericana sobre si Fujimori debe continuar en prisión, pese a la reciente resolución del Tribunal Constitucional peruano, que ordenó su excarcelación.

"La decisión que [la Corte Interamericana] tome será implementada por el Estado de la manera más pronta posible", dijo entonces el procurador Carlos Miguel Reaño, el abogado del Estado peruano.

Fujimori fue condenado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 víctimas (incluido un niño), perpetradas por un escuadrón de la muerte integrado por militares durante su gobierno.

Estas masacres fueron señaladas como crímenes de lesa humanidad por perpetrarse mediante homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado, según sentencias de la Corte Interamericana de 2001 y 2006.

"Estamos consternados", dicen abogados de Fujimori

El pasado 17 de marzo, el Tribunal Constitucional restituyó a Fujimori, de 83 años, un polémico indulto que le había concedido el presidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017 y anulado 10 meses después por la justicia.

Pero los familiares de las víctimas acudieron a la Corte Interamericana, con sede en San José, Costa Rica, para impedir su liberación anticipada.

En Lima no hubo de inmediato reacción de familiares del expresidente de ancestros japoneses, pero uno de sus abogados admitió que la decisión anunciada este viernes en San José, Costa Rica, los dejó "consternados".

"Lo tomamos con mucha sorpresa, con mucha preocupación por el hecho que no se hayan tomado en cuenta todos los alegatos y documentos presentados" por la defensa de Fujimori, dijo el abogado Elio Riera al Canal N.

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"No se ha analizado el tema de la documentación médica con mayor profundidad. Estamos consternados por la forma de resolver. Indica que nos debemos de abstener a cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional, [la Corte Interamericana] está dejando de lado la autonomía del Tribunal" peruano, añadió.

La primogénita del expresidente, la política opositora Keiko Fujimori, había afirmado el 30 de marzo que la Corte de San José es "reconocida desde siempre por su sesgo ideológico" y que en el caso de su padre "no existen los derechos humanos".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció una resolución que pide a Perú "abstenerse de implementar" una sentencia que permite la liberación del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad.

Según la Corte, la decisión del Tribunal Constitucional de Perú "no efectuó una ponderación que tomara en cuenta la afectación que tiene el indulto por graves violaciones a los derechos humanos en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares".

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"Más aún, el Tribunal Constitucional efectuó un pronunciamiento que restituyó los efectos de un indulto 'por razones humanitarias' otorgado cuatro años atrás, sin valorar información actualizada sobre la situación de salud del condenado", agregó la Corte.

Fujimori, quien gobernó de 1990 a 2000, fue condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad tras ser extraditado desde Chile en 2007.

El exmandatario es el único preso del pequeño penal Barbadillo, ubicado en el cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima. Ahí cultiva flores, pinta cuadros al óleo y recibe visitas familiares.

El pasado 1 de abril, Perú aseguró que acatará cualquier decisión de la Corte Interamericana sobre si Fujimori debe continuar en prisión, pese a la reciente resolución del Tribunal Constitucional peruano, que ordenó su excarcelación.

"La decisión que [la Corte Interamericana] tome será implementada por el Estado de la manera más pronta posible", dijo entonces el procurador Carlos Miguel Reaño, el abogado del Estado peruano.

Fujimori fue condenado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 víctimas (incluido un niño), perpetradas por un escuadrón de la muerte integrado por militares durante su gobierno.

Estas masacres fueron señaladas como crímenes de lesa humanidad por perpetrarse mediante homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado, según sentencias de la Corte Interamericana de 2001 y 2006.

"Estamos consternados", dicen abogados de Fujimori

El pasado 17 de marzo, el Tribunal Constitucional restituyó a Fujimori, de 83 años, un polémico indulto que le había concedido el presidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017 y anulado 10 meses después por la justicia.

Pero los familiares de las víctimas acudieron a la Corte Interamericana, con sede en San José, Costa Rica, para impedir su liberación anticipada.

En Lima no hubo de inmediato reacción de familiares del expresidente de ancestros japoneses, pero uno de sus abogados admitió que la decisión anunciada este viernes en San José, Costa Rica, los dejó "consternados".

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