/ miércoles 9 de junio de 2021

Descarrilamientos

Las elecciones han concluido, y una aparente tranquilidad flota sobre nuestro entorno.

Sin embargo, se perciben barruntos de descomposición post electoral en algunos estados donde habrían ganado candidatos bajo la alianza PRI, PAN Y PRD.

¿Por qué?

Porque la lucha electoral no ha concluido.

Hoy más que nunca, la judicialización de las elecciones, es un capítulo que todo partido o candidato debe contemplar desde el momento de su postulación.

El principal argumento que presenta Morena en estados donde perdió la gubernatura, es la denuncia del desborde de gastos del tope de campaña. Y de acreditarse, podría anularse la elección y obviamente descalificar al candidato infractor para inhabilitarlo a participar cuando se reponga el proceso electoral.

Este trabajo de anulación se está trabajando ya en varios estados, pero concretamente en Nuevo León donde ganó el candidato del partido naranja y desde luego, en Chihuahua.

Los marucos, por lo tanto, no deberían todavía echar a volar las campanas del regocijo. Esto apenas comienza.

En Nuevo León, está más sencillo de acreditarse, pues el propio candidato ganador, en algún momento de la campaña declaró que entre familiares y amigos suyos habrían aportado más de 20 millones para su causa.

Sin contar la investigación que tiene en su contra la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero.

En Chihuahua, el candidato de Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, denuncia ante medios, que la elección estuvo salpicada de irregularidades, particularmente por la intervención manifiesta en contra de Morena de los poderes fácticos representados por las corporaciones empresariales, medios de comunicación y el narco.

Estas declaraciones sólo le dan color a la denuncia real, que es la de acusar al equipo de María Eugenia Campos, de rebasar con mucho los topes de campaña.

La denuncia de la posible colusión entre el PAN y el PRI con el crimen organizado, en los municipios serranos donde sus candidatos y candidatas aparentemente fueron amenazados y hasta levantados, es difícil de acreditar, a menos que haya habido denuncias en el mismísimo momento cuando ocurrieron los hechos.

La judicialización de la elección a la gubernatura de Chihuahua es más densa de lo que parece, pues el coscorrón Moreno toca también al árbitro del encuentro, recordemos que en su denuncia mediática, Loera señaló que el Instituto Estatal Electoral actuó de forma parcial a favor de los partidos opuestos a Morena ya que las casillas contiguas fueron aumentadas de forma deliberada en colonias donde existe una tendencia hacia su partido.

Y cuestionó a la presidenta del IEE, Claudia Espino, por haber llevado a cabo una reunión con empresarios en Ciudad Juárez, a unas horas del inicio de la jornada electoral, permitiéndoles hacer declaraciones proselitistas contra Morena.

¿En qué carrete va la película? ¿Cómo se documenta esta denuncia? ¿Qué posibilidades tiene de prosperar? Eso lo revisaremos en nuestra siguiente entrega de Cartapacio.

Las elecciones han concluido, y una aparente tranquilidad flota sobre nuestro entorno.

Sin embargo, se perciben barruntos de descomposición post electoral en algunos estados donde habrían ganado candidatos bajo la alianza PRI, PAN Y PRD.

¿Por qué?

Porque la lucha electoral no ha concluido.

Hoy más que nunca, la judicialización de las elecciones, es un capítulo que todo partido o candidato debe contemplar desde el momento de su postulación.

El principal argumento que presenta Morena en estados donde perdió la gubernatura, es la denuncia del desborde de gastos del tope de campaña. Y de acreditarse, podría anularse la elección y obviamente descalificar al candidato infractor para inhabilitarlo a participar cuando se reponga el proceso electoral.

Este trabajo de anulación se está trabajando ya en varios estados, pero concretamente en Nuevo León donde ganó el candidato del partido naranja y desde luego, en Chihuahua.

Los marucos, por lo tanto, no deberían todavía echar a volar las campanas del regocijo. Esto apenas comienza.

En Nuevo León, está más sencillo de acreditarse, pues el propio candidato ganador, en algún momento de la campaña declaró que entre familiares y amigos suyos habrían aportado más de 20 millones para su causa.

Sin contar la investigación que tiene en su contra la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero.

En Chihuahua, el candidato de Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, denuncia ante medios, que la elección estuvo salpicada de irregularidades, particularmente por la intervención manifiesta en contra de Morena de los poderes fácticos representados por las corporaciones empresariales, medios de comunicación y el narco.

Estas declaraciones sólo le dan color a la denuncia real, que es la de acusar al equipo de María Eugenia Campos, de rebasar con mucho los topes de campaña.

La denuncia de la posible colusión entre el PAN y el PRI con el crimen organizado, en los municipios serranos donde sus candidatos y candidatas aparentemente fueron amenazados y hasta levantados, es difícil de acreditar, a menos que haya habido denuncias en el mismísimo momento cuando ocurrieron los hechos.

La judicialización de la elección a la gubernatura de Chihuahua es más densa de lo que parece, pues el coscorrón Moreno toca también al árbitro del encuentro, recordemos que en su denuncia mediática, Loera señaló que el Instituto Estatal Electoral actuó de forma parcial a favor de los partidos opuestos a Morena ya que las casillas contiguas fueron aumentadas de forma deliberada en colonias donde existe una tendencia hacia su partido.

Y cuestionó a la presidenta del IEE, Claudia Espino, por haber llevado a cabo una reunión con empresarios en Ciudad Juárez, a unas horas del inicio de la jornada electoral, permitiéndoles hacer declaraciones proselitistas contra Morena.

¿En qué carrete va la película? ¿Cómo se documenta esta denuncia? ¿Qué posibilidades tiene de prosperar? Eso lo revisaremos en nuestra siguiente entrega de Cartapacio.

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