Desde el comienzo de la Cuarta Transformación del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que erradicaría el robo de hidrocarburos. Sin embargo, a medida que se acerca el final de su administración, el huachicol persiste. Aunque ya casi no se habla del asunto, datos señalan que hasta 30 por ciento del combustible vendido proviene de unas 14 mil tomas clandestinas identificadas por Pemex.
“Tenemos el compromiso de seguir atendiendo las causas de fondo, sobre todo la desatención, el abandono a la gente, a los pueblos, a las familias, a los jóvenes. Se fue creando con el paso del tiempo en esto del robo de combustible, en todo, una subcultura de informalidad, de ilegalidad, de buscarse la vida como fuese y al mismo tiempo arriesgar la vida para sobrevivir”, expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina el 17 de enero del 2020, cuando informó las acciones para atender a las víctimas de Tlahuelilpan, Hidalgo. “Llevan nuestro pésame, nuestra solidaridad. No debe de haber motivo para estigmas, somos todos productos de circunstancias, es la circunstancia la que lleva a ciertas actividades o procederes. Nadie puede sentirse culpable. Los que pierden la vida en este caso están ahí y buscan sobrevivir, un ingreso, un apoyo y sus familias lo mismo. Ellos merecen todo nuestro apoyo y solidaridad”.
Muchas buenas intenciones. Mucho apoyo de palabra. Mucha solidaridad en el momento del escándalo. Pero mucho más olvido en Palacio Nacional de lo que prometieron.
En el primer trimestre de este año, las tomas clandestinas aumentaron 73 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2022. Las zonas más afectadas incluyen Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. El Cártel Jalisco Nueva Generación domina la extracción y traslado ilícitos de hidrocarburos en estas regiones, tras desplazar al Cártel de Santa Rosa de Lima, según informes surgidos tras el hackeo de Guacamaya.
Para esta columna se confirmó que las autoridades tienen abiertas 115 averiguaciones contra personas morales presuntamente vinculadas con el robo de combustible y delitos asociados. Además, desde el Gobierno federal se ha instruido a los gobiernos de los estados a tomar medidas como el patrullaje, detención, decomiso y judicialización de las carpetas relacionadas con ese ilícito para reducir la impunidad y hacer cumplir la promesa de erradicar el huachicoleo.
En ese tenor, tanto la FGR como las fiscalías y procuradurías estatales siguen las pesquisas contra unos mil 800 particulares y empresas de la talla de Trafigura, por supuestas actividades de huachicoleo marítimo; Tecpech, por la presunta recepción y distribución de tanques de gasolina no facturados por Pemex, y Transporte Empresarial del Bajío, mejor conocida como Transportes TEB, sobre la cual esta columna tiene registro de una denuncia ante la FGR por “delitos cometidos en materia de hidrocarburos”.
En ese último caso, se denuncia también al socio principal de la compañía constituida en Guanajuato —según el folio mercantil 18295—, José Antonio Mata Villanueva. Esto de acuerdo con un documento en poder del Ministerio Público desde el 4 de enero del 2023. Sorpresivamente, Transportes TEB se ha caracterizado y consolidado como proveedora de transporte de gigantes internacionales como BMW, Procter & Gamble y Mazda, situación que puede poner en aprietos a los inversionistas y directivos de esas compañías en sus naciones de origen, en caso de reventar algún escándalo antes de que el Presidente abandone Palacio Nacional.
“Hasta el momento, el actual presidente municipal de Tlahuelilpan, Adrián Radamés Hernández López, desconoce sobre si ya se cumplieron o no los apoyos prometidos por parte del Gobierno federal tras la explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos en enero de 2019 que dejó como saldo a 137 personas fallecidas”, informó El Sol de Hidalgo el miércoles 30 de agosto del 2023. Y así se van acumulando las noticias alrededor de un problema que para algunos ya casi no existe en este país.
