El fenómeno migratorio en los últimos años tiene contra las cuerdas al gobierno mexicano, pues al tratarse del cuello de botella a través del cual se puede acceder a Estados Unidos en busca del llamado sueño americano, el número de personas que ingresan diariamente se ha incrementado a ocho mil, mismos que carecen de las garantías para un traslado digno a su destino final.
De acuerdo con Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la cooperación entre los diferentes países es primordial para disminuir los riesgos a los que se ven orillados a someterse los migrantes, sin embargo, las relaciones político-económicas dificultan la posibilidad de resolver este problema mundial. Este ha sido el caso de México con Estados Unidos, basta recordar cuando el gobierno de Donald Trump en 2019 amenazó con imponer aranceles a productos nacionales si México no lograba reducir la migración ilegal en la frontera, por lo cual el gobierno de la 4T se vio obligado a tomar medidas extraordinarias para reducir la afluencia y garantizar resultados en tan sólo 45 días.
El gobierno obradorista ofreció Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias (TVRH), entregando en los primeros cuatro meses de aquel año 21 mil 197 documentos; así se buscó que los migrantes permanecieran en territorio nacional en lugar de seguir su camino rumbo a Estados Unidos. La medida que la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero calificó como un ejercicio exitoso señalando que el 90 por ciento de migrantes decidieron quedarse en territorio nacional y solo 10 por ciento continuaron su recorrido, para el gobierno norteamericano representó una invitación para los centroamericanos a moverse cerca de su frontera.
Sin embargo, cumplir con la encomienda de frenar el flujo migratorio
ha dificultado garantizar los derechos humanos, como expertos en materia migratoria lo han hecho notar a lo largo de los diferentes sexenios.
Pues para detener el paso de los migrantes, las autoridades han usado duras medidas, encerrando a decenas de personas en espacios pequeños en condiciones precarias; lo cual quedó al descubierto con el incendio en el albergue de Ciudad Juárez, donde 40 migrantes perdieron la vida y 27 más resultaron seriamente heridos al permanecer encerrados cuando inició el fuego. Por este hecho están bajo proceso tres agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), un agente de seguridad privada y el migrante que presuntamente comenzó el fuego.
Mientras diversas organizaciones pedían la destitución del Comisionado Francisco Garduño, éste permanece en su puesto pero bajo investigación para deslindar responsabilidades.
Una vez que Alicia Bárcena tomó el mando de la Secretaría de Relaciones Exteriores buscó nuevos acuerdos con Estados Unidos, que permitieran agilizar mecanismos legales, ordenados y seguros a través de dos nuevas vías que para julio de este año habían conseguido que 166 mil personas obtuvieran permisos humanitarios y 106 mil estuvieran dentro del programa CBPOne que permite ingresar a través de una aplicación la información para solicitar asilo en territorio norteamericano.
El plan presentado por la canciller incluye la atención de los migrantes en el suroeste México, la posibilidad de empleo en las obras públicas de aquella zona, así como la repatriación digna, misma que desde el 1 de diciembre ha quedado detenida debido falta de recursos por ajustes presupuestarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin que se especifique todavía la fecha de reactivación de esta medida.
