La batalla por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, aunque tiene como escenario una grave crisis de seguridad y de escasez de agua, se ha centrado en el tema de los bienes raíces, confrontando a un candidato señalado por participar en lo que los morenistas han bautizado como un cártel inmobiliario, contra una aspirante que en esta materia tiene también sus muertos en el clóset, por estar vinculada a organizaciones que fomentan las invasiones y los delitos de despojo. La polémica sobre la casa que la abanderada de Regeneración Nacional, Clara Brugada Molina, compró o regularizó por 339 pesos en los años 90 deja claro que, independientemente de la naturaleza de la operación que se realizó con la Corett, el terreno sobre el que vivía previamente la exalcaldesa de Iztapalapa no era de su pertenencia, éste era resultado de una apropiación irregular o, mejor dicho, de una invasión.
No es extraño que en Morena militen personajes involucrados con organizaciones de los llamados “paracaidistas”; son evidentes por ejemplo las ligas de este partido con la denominada Asamblea de Barrios. El problema radica en que los perfiles emanados de Regeneración Nacional toleren este tipo de delitos desde las instituciones de gobierno o desde la Fiscalía, sobre todo cuando hay particulares que se ven afectados en su patrimonio. De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso este reportero, obtenidos a través de una solicitud de transparencia, durante el 2023 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió tres mil 745 carpetas de investigación derivadas de denuncias de personas físicas por el delito de despojo de inmuebles; pero tan sólo dos fueron reconocidas por la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales y se llevaron a judicialización, el 0.05 por ciento del total.
Resulta interesante encontrar que una de cada siete carpetas de investigación iniciadas por denuncias de delitos de despojo corresponden a inmuebles ubicados en la alcaldía Iztapalapa. En específico, 528 denuncias se relacionan con esa demarcación, gobernada en ese año por la morenista Clara Brugada. No existen registros de que el Ministerio Público haya llevado ante el juez alguno de esos casos.
Habrá que recordar que, desde la llegada de Claudia Sheinbaum al gobierno capitalino, el Movimiento de Regeneración Nacional ha venido promoviendo la aprobación, en el Congreso de la Ciudad de México, del Artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, dirigido a la legalización del despojo y a imposibilitar incluso para la autoridad desalojar a los invasores de un inmueble. A la letra, el texto publicado en la Gaceta Oficial del GDCDMX el 8 de febrero de 2019 decía: “Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos violen, entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales”. El asunto es, sin duda, un foco rojo para el derecho a la propiedad privada, y la confirmación de que, en materia inmobiliaria, en la ciudad capital podría haber más que un solo cártel.
