Este martes 1 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador rendirá su segundo informe anual de actividades en el palacio nacional, ante escaso auditorio debido a las medidas sanitarias emitidas por la secretaría de salud; con estas indicaciones no podrá ser acompañado por el gabinete y miembros de la clase política como se acostumbra en este tipo de actos públicos que han significado a través del tiempo solo discursos que funcionan a manera de propaganda.
El presidente de la república mantiene un diálogo diario y abierto con medios de comunicación y la población, en sus conferencias conocidas coloquialmente como “las mañaneras”, en las cuales el presidente detalla acciones o hechos que se presentan día a día, así también recibe preguntas de periodistas a las cuales se somete; aunque gran cantidad de esas preguntas son realizadas por informadores simpatizantes al gobierno, también han existido momentos de crítica y confrontación, lo cual ha significado de alguna manera un ejemplo de un ejercicio democrático, dentro lo simbólico exclusivamente, claro está. Para bien o para mal, las conferencias matutinas del presidente han evidenciado contradicciones y disensos entre el gobierno federal, sin embargo ninguno de estos aspectos han significado una amenaza contundente a la popularidad de la figura presidencial, quien se mantiene con una aceptación estable.
Estas conferencias matutinas podrían tomarse como pequeños preámbulos de los informes presidenciales, teniendo en cuenta que éstos destacan acciones emprendidas durante un año, algo que López Obrador externa diariamente como una forma de mantener su imagen siempre presente y con atención. Dicho esto, podemos darnos una idea de lo que se dirá el 1º de septiembre. El segundo informe del gobierno federal ocurre en medio de un contexto de pandemia y crisis económica sin precedentes, aunado a juicios contra ex funcionarios y los intentos de ciertos sectores por destruir la hegemonía de Morena. Ante todo esto, Andrés Manuel López Obrador enfatizará logros de su administración, acciones que en la opinión pública han generado una aceptación positiva. Aunque sean contados, mínimos, o incluso dudables, han existido hechos que lo han mantenido firme ante sus detractores.
Pero tampoco hay que observar todo desde una supuesta imparcialidad. El gobierno de López Obrador no ha ofrecido soluciones reales al problema de la delincuencia organizada y la violencia, reproduciendo en la praxis la guerra contra el narcotráfico emprendida por su principal oponente Felipe Calderón. Al día de hoy, la militarización del país se ha afianzado con la Guardia Nacional, medida que significó una contradicción con el discurso manejado por el presidente durante años como político y durante su campaña presidencial. Las soluciones factibles al problema del narcotráfico y otras actividades económicas ilegales que ejercen daño sobre comunidades enteras depende de la fragmentación de las redes políticas y económicas de las organizaciones criminales, medida que se percibe lejana para una administración que sigue alineándose a los intereses estadounidense y su modelo de guerra contra las drogas.
La respuesta ante la pandemia tampoco ha sido aceptable por completo; si bien las estrategias de mitigación tempranas fueron destacables, la presión de Estados Unidos por reactivar las fronteras y las industrias significó un punto de quiebre que significaron brotes y aumento exponencial de contagios. También la población es responsable de este crecimiento acelerado de contagios, ya que prácticamente las medidas se han relajado bastante o han desaparecido, no obstante, la idea de re abrir negocios como bares, restaurantes, plazas comerciales significa incitar al consumo y a la conglomeración.
Podemos decir que el próximo informe presidencial minimizará o amortiguará los problemas de crisis que se viven actualmente y centrará la energía en señalar hechos como la detención de ex funcionarios involucrados en actos de corrupción y las acusaciones hacia políticos de primer nivel. Esta denominada lucha contra la corrupción ha sido controversial debido a que los partidos opositores acusan de mero espectáculo y como “venganza política” todas las acciones emprendidas contra miembros de sus partidos, esto viniendo consistentemente del PAN. Si bien el sistema judicial y penitenciario es un sistema clasista y desigual, en el cual la población privilegiada puede prescindir de condenas juicios, señalar a políticos que se enriquecieron gracias a sus puestos públicos o malversaron el dinero de la población siempre será algo vital para evitar más actos de corrupción. La muerte civil debe ser el destino de muchas figuras políticas que utilizan sus puestos y plataformas para seguir fomentando las desigualdades y el odio. Lo cierto es que se requiere más que solo juicios hacia políticos para brindar certeza a la población de que las cosas se están haciendo bien.
¿Qué podemos esperar del segundo informe de Andrés Manuel López Obrador? No mucho en verdad, siendo optimista.
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Posdata: la seguridad y justicia en Chihuahua no existe el que debe encabezar esta lucha es el fiscal inmobiliario Cesar Peniche, aun sin resultados pretende ser candidato a presidente municipal. Pobre Juárez parece que seguirá en la violencia por tener autoridades sin compromiso.
