Auxilio urgente de la Federación en Veracruz
La historia política reciente de México está marcada por episodios dolorosos que han sacudido los cimientos de nuestra democracia. Recordamos con pesar el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994, candidato presidencial que representaba la esperanza de una transición pacífica en el país, o el homicidio de Rodolfo Torre Cantú, quien aspiraba a gobernar Tamaulipas. Estos trágicos acontecimientos no fueron simples actos de violencia aislados, sino profundas heridas en el tejido social mexicano que pusieron en evidencia la fragilidad de nuestras instituciones frente al poder corruptor del crimen organizado.
Hoy, a escasos dos meses de las elecciones municipales en Veracruz, observo con gran preocupación cómo se repiten patrones alarmantes que podrían desembocar en una crisis de seguridad sin precedentes. He recibido numerosos testimonios de próximos candidatos y candidatas de todos los partidos políticos, incluido el oficialismo, que son víctimas de amenazas directas por parte del crimen organizado.
Las intimidaciones no son sutiles: amenazan sus vidas, su patrimonio y la integridad de sus familias. La consecuencia inmediata ha sido la renuncia de varios aspirantes a presidencias municipales, quienes prefieren abandonar sus legítimas aspiraciones políticas antes que poner en riesgo lo más valioso que poseen: sus vidas y las de sus seres queridos.
Desde hace un mes, he exhortado semanalmente desde la tribuna de la Cámara de Diputados al secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, para que implemente urgentemente un operativo de protección integral. Mientras tanto, el Organismo Público Local Electoral ha informado que el esquema de seguridad solicitado solo se implementará una vez iniciadas formalmente las campañas, dejando en total desprotección a los aspirantes durante este período crítico.
¿Qué mensaje estamos enviando como Estado mexicano? ¿Que la protección de quienes aspiran a representar democráticamente a sus comunidades es negociable o puede posponerse? Esta omisión es inaceptable y podría tener consecuencias devastadoras.
Permitir que el crimen organizado intimide, amenace o, en el peor de los casos, atente contra la vida de los candidatos, equivale a ceder el control territorial y político de nuestras comunidades a quienes operan al margen de la ley.
Un atentado contra cualquier candidato, independientemente de su filiación política, no sería solamente un acto criminal aislado, sino un golpe directo a nuestra democracia. Las consecuencias serían múltiples y devastadoras: primero, se generaría un clima de terror que inhibiría la participación política y ciudadana; segundo, se fortalecería la percepción de que el Estado es incapaz de garantizar condiciones mínimas de seguridad; tercero, se profundizaría la desconfianza en las instituciones; y cuarto, se abriría la puerta a escenarios de ingobernabilidad en regiones enteras del estado.
No estamos hablando de hipótesis: en sexenios anteriores, municipios de diversos estados cayeron bajo el control efectivo del crimen organizado tras el asesinato o la intimidación de sus autoridades legítimas. La infiltración criminal en los gobiernos municipales tiene efectos prácticos inmediatos: desde el desvío de recursos públicos hasta el control de las policías locales, pasando por la imposición de “contribuciones” ilegales a comerciantes y empresarios.
Incluso si los atentados no resultan fatales, el mensaje es claro: el crimen organizado tiene la capacidad de actuar con impunidad, de marcar límites a la acción política legítima, de decidir quién puede o no participar en los procesos democráticos. Este escenario es incompatible con un Estado democrático de derecho.
El auxilio federal que solicitamos no es un llamado partidista. Es un clamor por la preservación de nuestra democracia, por el respeto al derecho fundamental de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes, y por la integridad física de quienes, con valentía, han decidido participar en la vida pública de sus comunidades. Hago un llamado urgente al gobierno federal, en particular al secretario García Harfuch. Es momento de que el Estado mexicano, en todos sus niveles, demuestre que está a la altura de este desafío.
X: @lorenapignon_
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