Desecha jueza pruebas de exedil de Chínipas, cómplice en el homicidio de Miroslava, que busca su liberación anticipada

FacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impreso

Compartir

Síguenos en:

Federico Martínez

Tras varias horas de audiencia en la que la defensa de Hugo Amed S.A., ex edil de Chínipas, declarado culpable como copartícipe del homicidio la periodista Miroslava Breach; la jueza le desechó varias pruebas y testimoniales a su defensa con los cuales, buscaba el beneficio para su representado en el sentido de que los cuatro años que le faltan por cumplir por la pena impuesta, los pague fuera de prisión.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Algunos de los probatorios qué presentó la defensa y que la jueza desistió de aceptar son unos documentos entregados por la SSPE, en donde consta la buena conducta y el tiempo que Hugo Amed lleva en prisión.

Otros de los testimoniales que no le fueron aceptados al equipo de defensa del que fuera funcionario en la Secretaría de Educación y Deporte del gobierno de Javier Corral Jurado, fue un par de videollamadas, con una mujer identificada como Eréndira y una más con su hijo Édgar, S.G., ambas en el sentido de Hugo Amed había sido torturado por agentes de la Feadle.

De igual manera, no aprobaron la presentación de 1 mil 500 firmas que recolectó una mujer identificada como Cruz Karina, en las cuales hacía constar de la buena fe y que el sentenciado era conocido en Chínipas, por ser el profesor de educación física en una escuela primaria y una preparatoria, ya que ese tipo de documentos no cuentan con argumento legal alguno.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Previo a esto, se llevó a cabo una serie de alegatos por parte de la defensa, el ministerio público encabezado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y la representación social de las víctimas.

Mientras que por parte de la Feadle, presentarían a dos agentes de la FGR, especializados en delitos de tortura, quienes darán fe de que los procedimientos llevados a cabo, fueron apegados conforme marcar la ley.