Denuncian irregularidades en proceso para elegir jueces laborales en SLP

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Mayra Tristán

Aunque los jueces laborales imparten justicia en todo el estado, solamente los habitantes de Ahualulco, Mexquitic de Carmona y Villa de Arriaga podrán elegirlos, lo cual vulnera el derecho de los potosinos, denunció Luis González Lozano, abogado laborista y presidente de la asociación Cambio de Ruta A.C.

El abogado señaló que el pasado mes de abril, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) emitió el acuerdo CG/2025/ABR/65 respecto a la distribución de las especialidades judiciales para la elección del 1 de junio, en el cual, la especialidad de justicia laboral fue asignada exclusivamente a los municipios de Ahualulco, Mexquitic de Carmona y Villa de Arriaga.

Ante ello, promovió una inconformidad en el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), para pedir que los candidatos a Juez Laboral que tienen jurisdicción estatal aparezcan como candidatos en todas las boletas del estado, sin embargo por unanimidad de votos, el Tribunal respaldó el acuerdo del Ceepac.

González Lozano consideró grave la decisión, al señalar que se vulnera la esencia de la reforma constitucional al Poder Judicial, cuyo espíritu central es que los ciudadanos elijan a sus juzgadores como expresión directa del derecho a votar y ser votado; los jueces laborales tienen jurisdicción en todo el estado; la Zona Metropolitana de San Luis Potosí concentra el grueso de las empresas, patrones y empleados del estado, y se les niega el derecho a elegir a quienes más interactúan con la justicia laboral.

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Además, los únicos Tribunales Laborales del estado se encuentran precisamente en San Luis Potosí capital; y la decisión se toma con criterios puramente administrativos y operativos, priorizando la logística electoral por encima de los derechos político-electorales de los ciudadanos, ya que la distribución de las especialidades se hizo buscando que la ciudadanía vote por un número similar de cargos en cada territorio, no basados en la jurisdicción de los candidatos.

Al respecto aseguró que existían alternativas que permitirían respetar el derecho al voto sin comprometer la operatividad del proceso electoral, y urgió a que la Alianza Empresarial, las cámaras patronales y los sindicatos del estado se pronuncien a la brevedad sobre esta situación.

Finalmente, acusó que “este escenario es una muestra más del carácter perverso y mediocre de la reforma judicial impulsada por la 4T, diseñada para derrumbar las instituciones democráticas bajo la fachada de una supuesta participación ciudadana. En realidad, limita selectivamente nuestros derechos políticos y crea un sistema arbitrario que favorece intereses políticos por encima del verdadero acceso a la justicia”.