Aumentarán penas por el Huachicoleo de Agua en Edomex
La propuesta aumenta de 6 a 30 años de prisión a quien practique esta actividad y multas de hasta 2.8 millones de pesos
Noe Álvarez Pascual
La diputada Zaira Cedillo Silva, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de México con el objetivo de aumentar las penas por el huachicoleo del agua, clasificándolo como un crimen grave y estableciendo sanciones más severas para quienes lo cometan.
De acuerdo con la legisladora morenista, en el Estado de México, el robo de agua potable, conocido coloquialmente como huachicoleo de agua, se ha convertido en un problema grave que afecta no solo a la disponibilidad del recurso hídrico, sino también a la calidad de vida de miles de personas.
Robo de agua potable, problema que requiere atención urgente
Explicó que este fenómeno ha ido en aumento en los últimos años, especialmente en zonas urbanas y rurales con escasez de agua y según datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), entre 2019 y 2022 se detectaron más de 131 mil tomas clandestinas de agua en 239 municipios de México, siendo el Estado de México uno de los más afectados.
Cedillo Silva comentó que el impacto de esta práctica es devastador, ya que no solo se trata de un problema ambiental, sino también social y económico, puesto que reduce la disponibilidad del recurso para las comunidades que más lo necesitan, afectando especialmente a las poblaciones vulnerables. Además, la extracción ilegal de agua puede dañar la infraestructura hidráulica, lo que genera costos adicionales para su reparación y mantenimiento.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el 80% de los hogares sin acceso directo al agua, las mujeres y niñas son las encargadas de recolectarla, lo que no solo les consume tiempo y energía, sino que también las expone a riesgos como abusos y accidentes durante el transporte del recurso.
Detalles de la propuesta
Entre los cambios propuestos destaca la clasificación como Delito Grave, equiparable a otros crímenes como el cohecho, el peculado y la delincuencia organizada. Esto implica que las penas serían más severas y los procesos judiciales más expeditos.
Se propone aumentar las penas de prisión de 2 a 6 años, que se contempla actualmente, a 20 a 30 años para quienes cometan delitos relacionados con la extracción, distribución o comercialización ilegal de agua potable. Además, se establecen multas que van desde 20 mil a 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, lo que equivaldría hasta 2.8 millones de pesos.
Se contempla a los servidores públicos que faciliten o participen en el robo de agua, por lo que podrían enfrentar sanciones adicionales, incluyendo la destitución de sus cargos y la inhabilitación por un plazo igual a la pena de prisión impuesta.
¿Qué conductas podrían ser sancionadas?
Extracción ilegal de agua
Distribución sin permisos
Alteración del flujo de agua
Almacenamiento o transporte de agua robada
La diputada finalizó que al aumentar las penas y clasificar el robo de agua como un delito grave, se espera reducir significativamente esta práctica ilegal y proteger el recurso hídrico para las generaciones futuras.
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