Alfonso Pérez, abogado defensor del ex fiscal Francisco G. solicitó a la juez Hortensia García Rodríguez, que basados en jurisprudencias nacionales e internacionales, se deje sin efecto la orden de aprehensión con la que fue detenido el acusado, por ende, sea puesto en libertad.
Lo anterior bajo el argumento de que se presentaron algunas violaciones al debido proceso, pues al acusado se le informó sobre la orden de aprehensión justo al momento en que sería detenido, asimismo, las jurisprudencias han dejado constancia que la prisión preventiva automática no debe de ser valorada para tal efecto. Al hacer uso de la palabra
Asimismo, al hacer uso de la palabra, Francisco G. argumentó que las acusaciones en su contra, fueron presentadas como un delito que es sujeto a la prisión preventiva oficiosa, aún y cuando el artículo 19 constitucional, señala que no se trata de un delito con esas características.
De igual forma, el abogado defensor, recordó que, desde el momento de la detención y el traslado al centro penitenciario, su cliente quedó incomunicado desde la puesta a disposición, incluso se tuvo que solicitar la presencia de una visitadora de Derechos Humanos, quien constató que no se le permitió una visita como debería de haberse dado.
Por ese motivo, se promovió un juicio de amparo por la incomunicación de que fue víctima, y a pesar de no contar con una suspensión al respecto, ya se ha dado conocimiento de ese recurso.
El jurista hizo énfasis en que se debe buscar reivindicar la legalidad del procedimiento, dejando sin efecto la orden de aprehensión y dejando en libertad al acusado, atendiendo posteriormente un llamado a comparecer para responder sobre las acusaciones.
Al respecto, la agente del Ministerio Público, Georgiana Martínez, explicó que la ley establece que un servidor público, cuando es imputado por el delito de tortura, sí se le puede dictar prisión preventiva como medida cautelar.
Destacó que dicho delito afecta el libre desarrollo de la personalidad, y consideró que la solicitud de la orden de aprehensión y la prisión preventiva, son garantes para que la persona se encuentre presente para enfrentar las acusaciones y evitar así que pueda sustraerse de la justicia.
Por lo anterior, el Ministerio Público, solicitó a la juez García Rodríguez, que mantenga el proceso de la audiencia inicial y se dictamine prisión preventiva como medida cautelar en lo que se desahoga el periodo de investigación.
Publicada originalmente en El Heraldo de Chihuahua
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