Tras no tener una fecha oficial sobre la segunda megaudiencia por el presunto caso de fraude y asociación delictuosa ocasionados por la empresa Aras Investment Business Group, el abogado que representa a un gran número de afectados, Mariano Cordero, compartió que la judicialización de todas las carpetas podría tomar hasta 8 años.
Lo anterior en el entendido de que en un año de trabajo de la Fiscalía General del Estado sólo ha judicializado 315 víctimas hasta el momento y se espera que antes de que termine el año puedan sumar 615, lo cual representaría el 12.60% del total de las carpetas que se tienen hasta este momento.
Reconoció que la agenda de la nueva audiencia para llevar otros 300 casos ante un juez de control corresponde del Tribunal Superior de Justicia del Estado y no de la Fiscalía General, por lo que esperan que en octubre se pueda llevar a cabo esta segunda audiencia para sumar los casos posibles para alcanzar al total de los afectados.
“A mí no me han dado información oficial, esperamos que los primeros de octubre sea la siguiente audiencia, eso no depende de la Fiscalía, depende del Tribunal Superior de Justicia, necesitamos una fecha exacta, para los afectados, para tener un alegato que vamos a hacer valer por ahí, tengo entendido que se sigue trabajando en la Fiscalía, eso lo puedo constatar, porque les hablan sábados y domingos, incluso entre semana, han estado acudiendo a llevar documentos, a dar más declaraciones y perfeccionar las carpetas de investigación”, compartió.
Dijo que aunque no se ha judicializado el resto de las carpetas, que las investigaciones continúan, pero recalcó que el ritmo de trabajo que están desarrollando está muy tardado, y que en un comparativo de números la judicialización de todos los casos podría llegar hasta los 8 años si continúan con el mismo ritmo.
“Eso implica que en el inter pueden suceder muchas cosas procesales, como el que no se haya capturado a quienes tienen órdenes de aprehensión y eso presupone un estancamiento en la continuación del proceso, tenemos una limitante que es la propia ley procesal que establece dos años de las medidas cautelares, pero el proceso seguiría con los imputados en libertad”, explicó.
Mariano Cordero dijo que los detenidos pueden obtener la libertad, eso significaría que se quede en la impunidad y que puedan en un momento determinado quedarse sin hacer valer los derechos de su gente, sin que se dé la reparación del daño o que los bienes se liberen, es delicado el hecho propio de la tardanza.
Consideró también que el tiempo en el proceso es de suma importancia, por lo que pidió que realicen alguna acción más extraordinaria, más carpetas en una sola judicialización, generar una estrategia más efectiva para la captura de los que faltan para que avancen los procesos y mínimo en las dos judicializaciones vigentes, concluyan con una sentencia condenatoria y eso permita que con condenas se la puedan llevar tranquilos.
“Mientras no suceda eso, estamos en riesgo, la causa penal continúa, si le están moviendo, la vinculación eso presupone una actividad procesal, la preinscripción obedecería a una inactividad, la Fiscalía General ha sido muy puntual en eso, ha solicitado ampliaciones de la investigación, generado actividad procesal necesaria para que no pase eso”, aseguró el abogado.
También aseguró que es posible que se hicieran cosas más extraordinarias en atención a que el caso lo amerita, desconoce si este retraso se deba a alguna estrategia que esté llevando a cabo la Fiscalía General o el propio Tribunal Superior de Justicia, pero se encuentran a la espera de tener un acercamiento con las autoridades para poder obtener mayor información al respecto.
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