Aunque la Ley SB4, firmada el lunes 18 de diciembre por gobernador de Texas Grag Abbott, entrará en vigor hasta marzo del 2024, ya ha desatado gran enojo y polémica ante la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), mismo al que se une el condado de El Paso.
El condado de El Paso se une a la demanda de la ACLU que cuestiona la legalidad de una nueva ley estatal que convertiría en delito estatal cruzar ilegalmente la frontera desde México.
"El Paso ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia de la lucha contra la terrible política de inmigración y me alegra ver que seguimos haciéndolo", comentó el comisionado David Stout, del condado de El Paso.
Stout, agregó: "Esto no sólo tendrá graves implicaciones sociales, sino que probablemente veremos aumentos en la discriminación racial y otras terribles violaciones de los derechos de las personas y de la Constitución".
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Texas, la ACLU y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas presentaron el martes la demanda, que sostiene que la ley viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos y elude la ley federal.
"Los jueces de Texas estarían autorizados -y en algunos casos, obligados- a ordenar la deportación de una persona independientemente de si es elegible para buscar asilo u otras protecciones humanitarias bajo la ley federal", declaró la ACLU a través de un comunicado.
Los demandantes incluyen el condado de El Paso, el Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas en El Paso y American Gateway.
Los partidarios de la ley dicen que frenaría la inmigración ilegal y haría cumplir leyes que, según dicen, el gobierno federal no hace, mientras que los opositores dicen que la ley conducirá a la discriminación racial y costará a los condados millones en impuestos locales para encarcelar y procesar a los arrestados.