Eduardo A. M., empleado del Instituto Nacional de Migración acusado por el incendio del 27 de marzo en la estación migratoria B, abandonó el pasado viernes las instalaciones del Cereso 3, luego de que el juez le concediera la modificación de medidas cautelares.
A. M., junto con otros empleados del INM, aparece como acusado por los delitos de homicidio culposo, daños en propiedad gubernamental y omisión en el desempeño de sus obligaciones, motivo por el cual fue detenido el 13 de abril del año pasado e ingresado al Cereso 3.
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El abogado defensor de Apodaca Magallanes, Ubaldo Solís, confirmó esta mañana que su representado abandonó el pasado viernes el Cereso 3 luego de concluida una audiencia en el Poder Judicial de la Federación.
"El cambio de la medida cautelar contempla el pago de una caución monetaria de 1.5 millones de pesos, cantidad que deberá cubrirse en un mes, además que deberá acudir a firmar con cierta periodicidad y tiene restringidas las salidas de la ciudad, solo con un permiso especial del juzgado podrá viajar fuera de Juárez", indicó el abogado que se encarga de la defensa de A. M.
El litigante señaló que ya con anterioridad se le había fijado una fianza a Apodaca, misma que era de 30 millones de pesos, una cantidad inalcanzable para el señor, ya que su sueldo no era tan alto para poder reunir dicha suma de dinero.
"Apelamos dicha resolución y el juez accedió a modificar la cantidad, misma que fijo en 1.5 millones de pesos, suma que deberá cubrirse en un mes por parte de mi representado", agregó Solís.
En el momento en que se presentó el incendio en la estación migratoria, 27 de marzo del año pasado, A. M. se desempeñaba como jefe de recursos materiales de la delegación del INM en esta frontera.
El abogado del acusado señaló que el proceso en contra de su representado continuo está vigente y que él espera que el mismo dure todavía dos años más, ya que están pendientes varias apelaciones y amparos de desahogarse.
