Ante la llegada de más migrantes y el envío de 2 mil agentes del CBP, HSI y el U. S. Army para reforzar la seguridad en la frontera de México y Estados Unidos, la situación en Ciudad Juárez se a tornado similar la de Tijuana, Baja California, con la instalación de malla ciclónica y alambre de púas en la línea divisoria.
Desde el pasado martes, el Departamento de Seguridad Nacional de los E. U., había anunciado nuevas medidas para salvaguardar su territorio y frenar la entrada de migrantes provenientes de centroamérica, Cuba y Brasil, mientras que otro grupo de extranjeros provenientes de África y Haití, esperan en la frontera de Tapachula, Chiapas, para llegar hasta el norte de México.
La tarde del mismo martes, se pudieron apreciar a efectivos del ejército norteamericano recorriendo parte del Puente de Isleta o Puente Zaragoza, inspeccionado todo el sector y para el miércoles se pudieron apreciar sobre el bordo del Río Bravo, a la altura del Parque de las Tortugas.
A su vez, usuarios de los cruces internacionales alertaron sobre la presencia de oficiales del Homeland Security Investigation, recorriendo las líneas peatonales y de automóviles, realizando revisiones minuciosas a toda persona.
La mañana del jueves, se pudo apreciar al personal militar sobre el reconocido Puente Negro, donde estaban dando inicio a la colocación de alambres de púas sobre la barda metálica que delimita y marca la frontera de ambos países.
Según el Gobierno de los Estados Unidos, la posibilidad de cerrar la frontera continúa latente, sin embargo, por el momento solo se anunció que para el fin de semana se podría limitar el acceso a los camiones de carga, decisión que afectaría a cientos de empresas internacionales.
En una conferencia de prensa matutina, el Presidente, Donald Trump, fijó un plazo de un año al Gobierno de México para frenar el envío de droga y la llegada de migrantes, de lo contrario, aplicaría fuertes aranceles a los productos nacionales y se daría el cierre definitivo de su frontera sur.
Empresarios, organizaciones civiles y derechohumanistas han asegurado que, de darse esta medida, habría pérdidas de hasta 5 millones de dólares por hora para ambos países y sus empresas, por lo que consideran que no es viable está medida.
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