Fue el 5 de enero del 2018, cuando apenas habían transcurrido unas semanas de haber tomado posesión del cargo, cuando el funcionario federal se apersonó en esta frontera, para lanzar promesas al por mayor para endulzar los oídos de los juarenses.
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Prometió bajar el costo de todos los energéticos, al grado de que los precios igualarían los de Estados Unidos.
Ofreció como panacea, un decreto de estímulos fronterizos que a final de cuentas los empresarios terminaron por fustigar, porque no dio resultados en cuanto a IVA e ISR. A la fecha han tronado de hecho contra el gobierno federal, porque han batallado para las devoluciones, al grado de que hay empresa que no pueden soportar la espera del SAT con el 8 por ciento.
Prometió regresar en tres meses y ya se convirtió en un año, sin que se le vea para cuándo regrese.
Queda en deuda con los residentes de esta ciudad fronteriza.
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El fiscal César Peniche Espejel debe estar agradecido por el manto protector que lo envuelve, luego de que le perdonaron la posibilidad de someterlo a juicio político en el Congreso del Estado.
Lo anterior luego de que Marcelo González Tachiquín y Manuel Esparza, ex funcionarios de primer nivel de César Duarte, lo acusaron de violar sus derechos y acusarlos injustamente, con la fabricación de pruebas.
De hecho el ex secretario de Educación, Marcelo González Tachiquín, acusó al Peniche de extorsionarlo con cientos de miles de pesos, a través de personajes a los que efectivamente les hizo pagos.
Sin embargo, los legisladores, en su mayoría del PAN, hicieron caso omiso del juicio político que se solicitó, con el argumento de que fue una petición confusa e incoherente.
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Desde la cárcel, González Tachiquín fustigó el hecho de que no se haya procedido legalmente contra Peniche Espejel, a pesar de las pruebas presentadas.
A su vez, reitera que son testigos falsos: Jaime Herrera (ex secretario de Hacienda), Miguel Ángel Mezquitic y Jesús Olivas Arzate (ex sub Secretario de Hacienda), así como Ricardo Yáñez Herrera y Patricia Banderas Barrera, entre otros. Culpa a Peniche de haberles ordenado que dijeran lo que dijeron para llevarlo a prisión.
Pide un vez más a Javier Corral que lo libere y amaga con que a partir de las siguientes publicaciones en redes sociales, comenzará a exhibir los videos, documentos, órdenes dadas a los jueces corruptos de consigna y demás irregularidades.
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Dicen que una empresa ligada al senador panista Gustavo Madero, incumplió en cuanto a un software por el que debe haber cobrado la cantidad de 17.6 millones de pesos.
El Gobierno del Estado firmó el contrato número SH/LPE/037/2017 Bis de fecha 11 de mayo del 2017, en el cual la empresa Tecnología de Gestión y Comunicación SA de CV se comprometía a entregar el sistema computacional.
Sin embargo, según cuentan, el software mentado no se utilizó, a pesar de que se pagó y la inconsistencia saltó en la revisión respectiva que habría hecho personal de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
En su momento el priista Fermín Ordóñez alegaba conflicto de interés entre el Gobierno de Javier Corral y la empresa presuntamente propiedad del también funcionario Gustavo Madero, pero sus señalamientos fueron ahogados en la indiferencia.
Hasta ahora que salta la presunta irregularidad, a ver con qué salen, porque si el ex jefe de gabinete incurrió en algún tipo de robadera, debe pagar.
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Dicen que algunos yonqueros andan contentos, luego de que el Municipio empezó a retirar de las calles, algunas unidades chatarra para que no causen mal aspecto.
La verdad de las cosas es que algunos particulares por sus propias pistolas, les han estado haciendo competencia a los dueños de los negocios de autopartes y pues era una afectación económica.
Alguien quería vender su carcacha y la desarmaba en vía pública, para que le gente pasara y si requería una pieza, pues se la llevaba a módico precio.
Así que los yonqueros pusieron el grito en el cielo y ahora les llegó su regalo navideño.
Comentan que Héctor Lozoya, líder de yonqueros, hasta saltaba de gusto tras la medida implementada por el gobierno de Armado Cabada.
