/ lunes 20 de abril de 2020

La Salud en Chihuahua

La crisis sanitaria que azota al mundo y a nuestro país ha exhibido las graves deficiencias de nuestro sistema de salud.

Décadas de abandono y saqueo en las que los presupuestos asignados a la sanidad se gastaban mal o se desviaban para fines distintos a la mejora en la salud poblacional. Mercados corruptamente concentrados de abasto de medicinas y material de curación que siempre encarecieron los productos con la connivencia y complicidad burocrática.

La salud es un derecho humano y universal garantizado por nuestra Constitución Política en su artículo Cuarto, al disponer: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. Es decir, expresamente se establecen las facultades concurrentes de los órdenes de gobierno federal y de las entidades federativas en materia de salud.

Concebimos a la salud como un estado de bienestar físico, mental, y social. Este concepto se institucionalizó internacionalmente en 1946, justo terminando la Segunda Guerra Mundial el siglo pasado, con la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desafortunadamente para México y para Chihuahua, en este tema el derecho siempre ha estado por detrás de los hechos, convirtiendo en forma importante al texto constitucional en letra muerta.

Garantizar el derecho a la salud en México es una asignatura pendiente. Si bien en el ejercicio de este inciden múltiples factores -económicos, científicos, sociales, políticos y hasta culturales-, lo principal que ha faltado es decisión de quiénes formulan las políticas públicas y de los ejecutivos de los distintos ámbitos competenciales que tienen a su cargo el ejercicio de los presupuestos. Ha faltado la convicción de que la salud de la población es un factor indispensable para el desarrollo del país. Entender y concebir al dinero destinado a la salud como una inversión y no como un gasto.

Como muestra de esta falta de decisión, podemos señalar que en salud se gasta poco y se gasta mal. México sólo invierte el 5.5% de su Producto Interno Bruto, siendo el penúltimo en este rubro entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sólo superando a Turquía. Economías latinoamericanas similares como Chile y Argentina invierten arriba del 7.5%.

Esta inversión es insuficiente para enfrentar las diversas necesidades de la población del país y de Chihuahua; máxime si consideramos que más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema que le impide resolver sus propios problemas.

Debemos ser particularmente creativos, buenos administradores y fortalecer la labor preventiva; enfatizar la enseñanza de los hábitos y el estilo de vida saludable, así como mejorar decididamente la infraestructura clínica y hospitalaria, con un modelo de gestión transparente que alcance a toda la población del Estado a lo largo y ancho de sus 247,455 kilómetros cuadrados de territorio.

La crisis sanitaria que azota al mundo y a nuestro país ha exhibido las graves deficiencias de nuestro sistema de salud.

Décadas de abandono y saqueo en las que los presupuestos asignados a la sanidad se gastaban mal o se desviaban para fines distintos a la mejora en la salud poblacional. Mercados corruptamente concentrados de abasto de medicinas y material de curación que siempre encarecieron los productos con la connivencia y complicidad burocrática.

La salud es un derecho humano y universal garantizado por nuestra Constitución Política en su artículo Cuarto, al disponer: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. Es decir, expresamente se establecen las facultades concurrentes de los órdenes de gobierno federal y de las entidades federativas en materia de salud.

Concebimos a la salud como un estado de bienestar físico, mental, y social. Este concepto se institucionalizó internacionalmente en 1946, justo terminando la Segunda Guerra Mundial el siglo pasado, con la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desafortunadamente para México y para Chihuahua, en este tema el derecho siempre ha estado por detrás de los hechos, convirtiendo en forma importante al texto constitucional en letra muerta.

Garantizar el derecho a la salud en México es una asignatura pendiente. Si bien en el ejercicio de este inciden múltiples factores -económicos, científicos, sociales, políticos y hasta culturales-, lo principal que ha faltado es decisión de quiénes formulan las políticas públicas y de los ejecutivos de los distintos ámbitos competenciales que tienen a su cargo el ejercicio de los presupuestos. Ha faltado la convicción de que la salud de la población es un factor indispensable para el desarrollo del país. Entender y concebir al dinero destinado a la salud como una inversión y no como un gasto.

Como muestra de esta falta de decisión, podemos señalar que en salud se gasta poco y se gasta mal. México sólo invierte el 5.5% de su Producto Interno Bruto, siendo el penúltimo en este rubro entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sólo superando a Turquía. Economías latinoamericanas similares como Chile y Argentina invierten arriba del 7.5%.

Esta inversión es insuficiente para enfrentar las diversas necesidades de la población del país y de Chihuahua; máxime si consideramos que más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema que le impide resolver sus propios problemas.

Debemos ser particularmente creativos, buenos administradores y fortalecer la labor preventiva; enfatizar la enseñanza de los hábitos y el estilo de vida saludable, así como mejorar decididamente la infraestructura clínica y hospitalaria, con un modelo de gestión transparente que alcance a toda la población del Estado a lo largo y ancho de sus 247,455 kilómetros cuadrados de territorio.

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