Destaca en miscelánea fiscal la obligación de las empresas que contratan a compañías externas de reclutamiento de personal, conocidas como “outsourcing”, de retener el 6 por ciento del Impuesto al Valor Agregado antes de pagar las facturas.
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Miguel Ángel Díaz Marín, especialista en materia fiscal y socio del despacho legal Kreston, dijo que en la frontera pega más duro porque el proveedor está trasladando al 8 por ciento en muchas ocasiones y le van a retener el 6, lo que seguramente le va a generar problemas de flujo.
Esto va a afectar las operaciones de los proveedores de la maquila.
Destacó también que en el Diario Oficial sólo se publica el aspecto fiscal, dejando fuera lo que se refiere a la recaracterización de las omisiones relacionadas con los impuestos, en aquellos casos en los que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) considere que se hicieron maniobras tendientes a evadir impuestos, lo que puede generar otros cobros a cargo de los contribuyentes.
Agregó que en este caso se contempla sólo el aspecto fiscal, al quedar pendiente la propuesta que plantea criminalizar la operación de las empresas de “outsourcing”, propuesta por el senador Napoleón Gómez Urrutia, aprobado en comisiones, se encuentra detenido y este año ya no entró.
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Aunque no se ha eliminado por completo, en espera de una consulta con quienes podrían verse perjudicados con esta disposición, la redacción definitiva será hasta el año entrante, dijo.
Díaz Marín recalcó que la situación viene muy dura para los contribuyentes, en un esfuerzo por frenar la evasión fiscal, pero que si se aplica de manera incorrecta o indiscriminada va a ocasionar más perjuicios a los contribuyentes.
Coincidió con lo señalado recientemente por el presidente del Instituto y Colegio de Contadores, Juan Salvador García Luna, quien indicó que quienes proporcionan un servicio o proveen de diferentes productos a otras empresas, tienen que tener mucho cuidado para evitar, con alguna omisión en el pago de impuestos, caer en una condición ilegal.
García Luna había señalado también su desacuerdo en que ahora cuestiones que son de tipo mercantil pasen al ámbito penal, cuando mucha de las ocasiones se trata de aspectos que pueden ser corregidos.
Díaz Marín por su parte también dijo que el endurecimiento de las cuestiones fiscales podría perjudicar a empresarios que cometen errores sin intención.
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